Ante la escasez de recursos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció, a través del Diario Oficial de la Federación, la suspensión temporal de la Modalidad 40 del Sistema de Pensiones. La medida establece que los trabajadores solo podrán incorporarse al régimen con el último salario percibido al dejar su empleo, más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), y elimina los pagos retroactivos, limitando la inscripción a partir de la fecha de solicitud.
Expertos consultados por El Universal califican la decisión como una “bomba de tiempo” para el sistema de pensiones tributarias. El jurista Julio Jiménez Martínez, del Colegio Nacional de Abogados, advierte que para 2027 las pensiones representarán el 6.3% del PIB, y la suma de las pensiones del ISSSTE, IMSS y del programa Bienestar podría desencadenar una profunda crisis financiero‑económica para el Seguro Social.
La polémica no se limita a la falta de recursos. Varios especialistas señalan que la medida es ilegal porque no se aprobó una reforma legislativa previa ni se abrió un espacio de diálogo con sindicatos, empleadores, afines y Afores. Según el abogado fiscalista Tulio Salanueva Brito, el IMSS está vulnerando derechos constitucionales de los trabajadores al restringir unilateralmente un mecanismo que permitía mejorar la pensión mediante aportaciones voluntarias.
La reacción de la comunidad laboral es de incertidumbre. Leticia Alcántara, asesora en educación financiera, explica que muchos trabajadores habían planificado su retiro a través de la Modalidad 40 para incrementar sus ingresos al momento de jubilarse. Con la suspensión, temen perder años de cotización y la posibilidad de obtener una pensión más alta, lo que podría generar protestas similares a las que se viven en Francia por reformas pensionales.
El gobierno federal, por su parte, argumenta que la medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema ante la falta de liquidez. Sin embargo, críticos como Jiménez Martínez sostienen que la falta de inversión en fondos rentables y la ausencia de estímulos al sector formal agravan la situación, haciendo insostenible el modelo actual en los próximos cinco años.
Ante la posible ilegalidad de la acción, los afectados pueden interponer recursos de amparo o acudir a tribunales administrativos federales. Mientras tanto, la población mexicana observa con preocupación cómo se redefine el panorama de las pensiones, un tema que seguirá en el centro del debate público y político.
La incertidumbre sobre el futuro de la Modalidad 40 pone de relieve la necesidad de una reforma estructural que incluya a todos los actores del sistema de seguridad social, garantice la transparencia en la gestión de recursos y brinde estabilidad a los futuros pensionados.
Fuente: Eluniversal