En una jugada inesperada, Alemania y Francia anunciaron un acuerdo para flexibilizar las estrictas normas de emisiones impuestas por la Unión Europea, mientras Italia se mostró dispuesta a respaldar la medida. El pacto, revelado por el canciller alemán Friedrich Merz tras el Consejo Europeo, busca impulsar la producción de vehículos europeos a cambio de un alivio temporal a los límites de CO₂ que deben cumplir los fabricantes.
La UE había fijado la prohibición total de la venta de coches con motor de combustión para 2035, con el objetivo de reducir las emisiones medias de la flota a 93,6 g/km. De no cumplirse, las multas podrían alcanzar los 95 euros por gramo excedente, lo que para marcas como Volkswagen significaría sanciones de más de mil millones de euros. Ante esa presión, los gobiernos germano‑francos propusieron recalcular las medias entre 2025 y 2027, confiando en la llegada de eléctricos más económicos.
El acuerdo también contempla que el 10 % de emisiones permitido para 2035 no requiera compensación mediante combustibles limpios, lo que abriría la puerta a la venta de motores de combustión tradicionales, incluidos híbridos enchufables y vehículos alimentados con hidrógeno o combustibles sintéticos. Sin embargo, esas tecnologías siguen generando óxidos de nitrógeno y partículas finas, riesgos para la salud pública que muchos críticos consideran inaceptables.
Para que un coche sea etiquetado como “Made in Europe” deberá contener al menos un 70 % de componentes fabricados dentro de la UE (excluyendo la batería) y un 10 % de la batería debe provenir de fuentes europeas. Esta regla pretende favorecer la cadena productiva continental y ofrecer incentivos a compradores, aunque excluye a países con acuerdos comerciales como Marruecos.
Alemania, cuya industria automotriz atraviesa una crisis por la caída de ventas en China y los aranceles estadounidenses, ve en la flexibilización una forma de evitar despidos masivos y cierres de fábricas. Por su parte, Francia busca proteger su mercado interno y fomentar la producción local, aunque depende de la fabricación de eléctricos baratos en Asia para competir.
El futuro del acuerdo depende de la ratificación de al menos 15 estados miembros que representen el 65 % de la población de la UE. España ha mantenido una postura firme en materia medioambiental, impulsando la producción de vehículos eléctricos de bajo costo y acogiendo inversiones chinas. La decisión final determinará si la ambiciosa agenda verde europea se mantiene o se diluye en un compromiso político que favorezca a los grandes fabricantes.
Fuente: Xataka