El ministro de Hacienda, Jaime Quiroz, se dirigió a empresarios cristianos en Santiago a principios de octubre e intentó calmar los ánimos, citando pasajes bíblicos y datos alarmantes. Recordó que la inversión productiva, tanto privada como pública, se estancó en el segundo trimestre, sobre todo por la caída de la construcción. El desempleo alcanzó 9.6%, el nivel más alto en más de cinco años, mientras la demanda interna apenas creció. Estas cifras aparecen en medio de un plan de austeridad fiscal impulsado por el presidente José Antonio Kast, quien llegó al poder en marzo con la promesa de reactivar la economía.
La inflación se disparó al 4.1% interanual en julio, impulsada principalmente por el alza de los combustibles. Chile, dependiente de la importación de crudo, vio subir el precio de la gasolina alrededor de un 30% y el diésel más de un 40% tras el conflicto armado en Irán. El gobierno optó por no subsidiar el combustible, argumentando que el costo fiscal sería excesivo y pondría en riesgo la reducción del déficit. Esta decisión, conocida como el “bencinazo”, generó protestas en las calles y erosionó la confianza de los consumidores.
El sector minero, motor clave de la economía chilena, sufrió una caída del 17.4% en producción de cobre en agosto, llevándola a su nivel más bajo en tres décadas. La combinación de interrupciones operativas, condiciones climáticas adversas y la disminución de la concentración de cobre en la roca aumentó los costos de extracción. El Banco Central redujo sus proyecciones de crecimiento a entre 0.25% y 0.75% para este año, y el FMI rebajó su estimación a 0.6%, situando a Chile entre los países con mayor desaceleración en América Latina.
La política de austeridad de Kast incluye recortes presupuestarios del 3% a todos los ministerios, cierre de programas considerados ineficientes y una drástica reducción del gasto público. En paralelo, el gobierno aprobó una “megarreforma” tributaria que baja el impuesto a las empresas del 27% al 23% y busca estabilizar la carga fiscal a largo plazo. Los críticos señalan que, aunque el déficit se ha reducido, la menor demanda pública está frenando la actividad económica y aumentando el desempleo.
Ante la crisis, el Congreso discute la Ley de Presupuesto 2027, que propone un crecimiento real del gasto público de apenas 1.5%. La oposición denuncia recortes en programas sociales que benefician a los más vulnerables. Mientras tanto, el consumo de los hogares apenas se mueve; las ventas de supermercados cayeron 1.2% interanual en agosto, reflejando la presión sobre los ingresos familiares.
Para mitigar la situación, el gobierno anunció un plan de empleo de US$1,300 millones que busca crear más de 100,000 puestos entre 2026 y 2027 mediante obras públicas y subsidios a empresas. Aunque este programa parece contradecir la lógica austera del gobierno, podría ofrecer un alivio temporal al mercado laboral y, según algunos analistas, sentar las bases para una recuperación en el próximo año.
Fuente: Bbc