Hostelería de España, la organización que aglutina a más de 300,000 establecimientos y representa al 6.7% del PIB nacional, ha enviado a los partidos que competirán el próximo 29 de noviembre una lista de 30 propuestas para el nuevo Gobierno. La iniciativa, que llega a menos de un mes de la jornada electoral, busca que el Ejecutivo, sea del color que sea, tenga en cuenta las demandas del sector para la legislatura 2024-2030. Entre los puntos más resaltados están la defensa del IVA reducido al 10%, la creación de una Dirección General específica para la hostelería y la simplificación de trámites para pymes y autónomos.
Sin embargo, la preocupación central del documento no es solo fiscalidad o burocracia, sino la creciente presión de los llamados “mercaurantes”: supermercados y tiendas de conveniencia que ofrecen platos preparados y espacios de consumo dentro de sus locales. Hostelería de España denuncia una “asimetría competitiva” al señalar que estos comercios operan sin la misma carga fiscal, sanitaria y laboral que bares y restaurantes tradicionales, lo que vulnera la igualdad de condiciones en el mercado.
El sector ha subrayado que la normativa actual permite a cadenas como Mercadona, Carrefour o Alcampo montar áreas de restauración equipadas con cubiertos, microondas y mesas, sin estar sujetas a la regulación de establecimientos de hostelería. Según la patronal, estos espacios generan una competencia desleal que afecta a los negocios locales, que deben cumplir con requisitos sanitarios estrictos y soportar mayores costos operativos.
En Cataluña, la polémica ya ha trascendido al ámbito judicial: el Gremi de Restauració presentó una denuncia administrativa contra 30 locales de Mercadona por presunta infracción de la ordenanza municipal que regula la actividad de bares. Mercadona, por su parte, argumenta que sus áreas son “zonas de descanso” y no de restauración, manteniendo que cumplen con la legislación vigente.
Los hosteleros respaldan sus reclamos con datos contundentes: la sección “Listo para comer” de Mercadona facturó cerca de 700 millones de euros en 2025, y el conjunto de alimentos preparados vendidos en supermercados supera los 3,000 millones en España y Portugal. Estas cifras evidencian el impacto económico que los mercaurantes están teniendo sobre los establecimientos tradicionales, que ven reducidos sus ingresos y su cuota de mercado.
Ante este escenario, la patronal pide que el nuevo Gobierno establezca normas uniformes que obliguen a los supermercados a cumplir con la misma regulación fiscal, sanitaria y laboral que los bares y restaurantes. La igualdad de condiciones, según Hostelería de España, es esencial para preservar la diversidad gastronómica y garantizar la sostenibilidad del sector en los próximos años.
Con la campaña electoral en marcha, la presión de los hosteleros busca influir en la agenda política y asegurar que la próxima administración no deje de atender los retos que plantea la expansión de los mercaurantes, garantizando un mercado justo y competitivo para todos los actores del sector.
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Fuente: Xataka