Una mujer de 71 años irrumpió el jueves por la mañana en el vestíbulo de la comisaría de Port Orange, Florida, portando una pistola de mano. Al llegar al área de atención al público, disparó un tiro dirigido al personal civil que atendía la sección de registros, aunque el proyectil no alcanzó a nadie. El incidente, capturado por cámaras de seguridad, mostró a la anciana salir del edificio sin haber sido inmovilizada y aún con el arma en la mano.
Al salir, la mujer fue interceptada en el estacionamiento por tres oficiales que intentaron calmar la situación. Los agentes le dieron repetidas órdenes de soltar el arma, pero la anciana se negó a obedecer. Ante la falta de respuesta y el riesgo que representaba, los policías procedieron a disparar, hiriendo gravemente a la sospechosa.
La víctima, identificada como Linda Jean Croteau, fue trasladada de inmediato al hospital de Port Orange, donde permaneció bajo cuidados intensivos. A la mañana del viernes, el 4 de septiembre, los médicos confirmaron su fallecimiento. Las autoridades locales emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar y reiteraron que el uso de la fuerza fue necesario para proteger a los empleados y al público presente.
Este hecho se produce en un contexto de creciente preocupación nacional por la seguridad en los recintos policiales y la respuesta de los cuerpos de seguridad ante amenazas armadas. Expertos en criminología señalan que, aunque los enfrentamientos dentro de comisarías son poco frecuentes, la capacitación en desescalada y el acceso a armas por parte de civiles siguen siendo puntos críticos.
El Departamento de Policía de Port Orange ha iniciado una investigación interna para determinar los motivos que llevaron a Croteau a portar un arma y abrir fuego. Asimismo, se revisarán los protocolos de vigilancia y control de acceso al edificio, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro.
Mientras tanto, la comunidad de Port Orange se muestra consternada por la violencia ocurrida en un espacio que debería ser seguro para los ciudadanos. Grupos de derechos civiles y organizaciones vecinales han pedido una mayor transparencia en el proceso de investigación y la revisión de políticas de seguridad pública.
El caso seguirá bajo la mirada de medios locales y nacionales, que observarán cómo las autoridades manejan tanto la investigación como las repercusiones sociales de un episodio tan inusual y trágico.
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Fuente: RT Español