La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestos daños al erario que superan los 66.5 millones de pesos. La indagatoria, que se hará pública el 20 de febrero de 2027, señala pagos a personas fallecidas, contratos con empresas fantasma o recién constituidas y adjudicaciones a funcionarios públicos en activo. Estos hallazgos se suman a la revisión iniciada el 5 de junio de 2026, cuando la ASF comenzó a examinar los recursos recibidos por el INE, una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos.
Entre los casos más graves, la ASF detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del instituto mientras desempeñaban cargos públicos. Además, se identificaron 10 empresas con menos de un año de vida que recibieron más de 21 millones de pesos en contratos durante el presupuesto de 2025. La auditoría también reveló que 131 proveedores omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el SAT y el IMSS, pero continuaron recibiendo pagos del INE.
Otro hallazgo crítico es el pago post mortem a 18 trabajadores que ya habían fallecido, lo que indica fallas en la actualización de la nómina. Asimismo, se descubrió que ciertos grupos empresariales operan de forma conjunta, obteniendo contratos en varios Organismos Públicos Electorales (OPLE). Uno de los contratos más polémicos es el de 63.2 millones de pesos otorgado a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. para la impresión y distribución de materiales de simulacro electoral, sin que el instituto haya acreditado la ejecución del servicio.
La investigación también apunta a otras partidas sin claridad, como un millón 70 mil pesos destinados a materiales didácticos para la elección judicial y 2.25 millones de pesos para el arrendamiento del parque vehicular. La ASF evalúa si, al presentar su informe, revelará los nombres de los funcionarios involucrados, quienes podrían enfrentar denuncias penales si se confirman los indicios.
En el marco de estas revelaciones, medios como El Gran Diario de México señalaron vínculos familiares entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y proveedores del organismo. La hija de la asesora de Taddei, Itzel Sandino Piña Soria, es administradora única de Promotora de Noticias Exactas, empresa que aparece como proveedora del INE. Además, Gilberto Solís Mendívil, contratado como persona física para una miniserie documental, actúa como comisario de la misma compañía, lo que sugiere posibles conflictos de interés.
La ASF, bajo la dirección de Aureliano Hernández Palacios Cardel, afirmó que cuenta con elementos e indicios suficientes para investigar con independencia, objetividad y rigor técnico. La investigación de oficio no solo afecta al INE, sino también a los OPLE, funcionarios y proveedores vinculados, y se espera que sus resultados generen un debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en México.
Fuente: Eluniversal