Ucrania enfrenta una crisis financiera sin precedentes mientras lucha contra la invasión rusa. Ante la necesidad de cientos de miles de millones de dólares para sostener el esfuerzo bélico, el parlamento ha aprobado una iniciativa que busca regularizar una industria hasta ahora sumergida: la producción de contenido para adultos. El proyecto, impulsado por el diputado Zhelezniak del comité de Finanzas, propone despenalizar la pornografía y aplicar los impuestos empresariales habituales, lo que según sus estimaciones podría generar unos 25 millones de dólares al año.
Ese ingreso, aunque modesto frente al costo total de la defensa, se traduce en una cifra más tangible para la población: la compra de hasta 30,000 drones militares, armas que se han convertido en la columna vertebral de la estrategia ucraniana en el campo de batalla. Los drones permiten ataques de precisión, reconocimiento y defensa contra las fuerzas rusas, y su disponibilidad está directamente vinculada a la capacidad de financiar la producción y adquisición de estos sistemas.
La industria pornográfica en Ucrania ya mueve cifras considerables pese a estar criminalizada por una legislación heredada de la era soviética. Datos de la empresa británica Fenix International, propietaria de OnlyFans, indican que alrededor de 7,900 creadores ucranianos generaron más de 131 millones de dólares en 2023. Sin embargo, la actividad sigue siendo perseguida penalmente, con penas de hasta siete años de prisión por producción, distribución o posesión de material para adultos.
Esta contradicción ha creado un dilema para el fisco: los creadores pueden declarar sus ingresos y arriesgarse a ser acusados de ejercer una actividad delictiva, o bien ocultarlos y enfrentar cargos por evasión fiscal. En varios casos, autoridades locales han extorsionado a los productores, exigiendo pagos bajo la amenaza de registros y confiscaciones. La despenalización eliminaría este chantaje, permitiendo que el Estado reciba impuestos sin alimentar la corrupción.
El caso de la creadora Svitlana Dvornikova, quien pagó cerca de 900,000 dólares en impuestos y denunció abusos policiales, catalizó la discusión pública. Su petición, que superó las 25,000 firmas, obligó al presidente Volodímir Zelenski a remitir el proyecto al parlamento para su estudio. La iniciativa ya superó una primera lectura y se espera una segunda votación en los próximos meses.
Defensores del proyecto argumentan que regularizar la pornografía no solo aportará recursos financieros, sino que liberará a policías, fiscales y tribunales de perseguir delitos sin víctimas en un contexto de guerra. Asimismo, reduciría la corrupción vinculada a extorsiones y permitiría que el Estado aproveche una actividad ya existente para financiar la compra de armamento esencial.
Aunque 25 millones de dólares no resolverán la crisis económica de Ucrania, la propuesta evidencia cómo el conflicto ha reordenado las prioridades del país. Una industria antes considerada delito podría convertirse en una pieza clave para sostener la defensa nacional y seguir resistiendo la agresión rusa.
Fuente: xataka