Washington anunció este jueves la retirada de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, bajo la acusación de vínculos con el narcotráfico o actos de corrupción. La medida forma parte de la campaña ampliada del Departamento de Estado, liderada por el senador Marco Rubio, para reforzar la lucha contra el crimen organizado en América Latina. En el comunicado oficial se subraya que la decisión busca “proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos” y enviar un mensaje claro a los gobiernos de la región.
En Colombia, la lista incluye a veintiún individuos, entre ellos Ricardo Roa Barragán, exdirector de la estatal Ecopetrol y exgerente de campaña del presidente Gustavo Petro. Roa fue una figura clave en la estrategia electoral que llevó a Petro a la presidencia en 2022, y su inclusión ha generado controversia dentro del entorno político del país. Otro nombre destacado es el del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien ha sido señalado por presuntos nexos con organizaciones criminales en la zona del Caribe colombiano.
Bolivia registra la mayor cantidad de sancionados, con cuarenta personas afectadas. Entre los sancionados se encuentran el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce. Además, el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde, y el investigador Rony Suárez Milliet, vinculado a investigaciones internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fueron incluidos en la lista.
Esta ronda de revocaciones sigue a una acción similar a finales de septiembre, cuando EE.UU. retiró visas a veinte funcionarios bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca, quien fue detenido poco después por la policía local. Las sanciones forman parte de la iniciativa “Escudo de América”, impulsada durante la administración Trump, que busca una cooperación más estrecha entre ambos países para combatir el crimen transnacional.
Las autoridades colombianas y bolivianas aún no han emitido respuestas oficiales detalladas, aunque se espera que los gobiernos presenten recursos diplomáticos para revertir la medida. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo estas decisiones podrían afectar las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad y desarrollo.
Expertos advierten que la medida podría tener repercusiones en la agenda de inversión extranjera y en los procesos judiciales en curso, al limitar la movilidad de funcionarios clave. Sin embargo, Washington mantiene que la política de visas es una herramienta legítima para presionar a gobiernos que, según su criterio, no combaten eficazmente el narcotráfico y la corrupción.
Fuente: Dw