La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que una auditoría interna del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó fraudes por varios miles de millones de pesos en el pago de pensiones. Según el reporte, los recursos fueron desviados mediante la falsificación de documentos y la inserción de beneficiarios inexistentes, lo que generó un daño financiero que afecta tanto al erario federal como a los derechohabientes que dependen de esas pensiones. La investigación, que se inició a finales del 2023, contó con la colaboración de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y la Auditoría Superior de la Federación, quienes confirmaron la existencia de una red de funcionarios y terceros involucrados.
El esquema operaba principalmente en la zona sur del país, donde se detectaron irregularidades en los registros de jubilados de municipios como Xalapa, Veracruz y Puebla. Los implicados utilizaban datos falsos de personas fallecidas o inexistentes para generar pagos mensuales que luego eran canalizados a cuentas bancarias controladas por los perpetradores. En algunos casos, los beneficiarios falsos estaban vinculados a familiares de funcionarios del IMSS, lo que sugiere una colusión interna para ocultar el fraude.
Sheinbaum señaló que, de confirmarse los montos preliminares, el daño supera los 5,000 millones de pesos, una cifra que representa cerca del 2% del presupuesto anual destinado a pensiones del instituto. “Este tipo de actos atentan contra la dignidad de nuestros adultos mayores y contra la confianza que la ciudadanía deposita en nuestras instituciones”, afirmó la jefa de Gobierno, añadiendo que se tomarán medidas para reforzar los controles y sancionar a los responsables.
El gobierno federal ya ha ordenado la suspensión inmediata de los pagos a los beneficiarios sospechosos y ha iniciado procesos de recaudación de los recursos indebidamente percibidos. Además, se implementará un sistema de verificación biométrica y de cruzamiento de bases de datos para evitar la reincidencia de este tipo de fraudes. Las autoridades también han convocado a una audiencia pública para que los afectados presenten sus denuncias y se garantice la transparencia del proceso.
Expertos en seguridad social advierten que la vulnerabilidad del IMSS se debe, en parte, a la falta de actualización tecnológica y a la escasa supervisión de los registros locales. Recomiendan la digitalización completa de los expedientes y la creación de un observatorio nacional de pensiones que monitoree en tiempo real cualquier anomalía.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil exigen una investigación exhaustiva y la destitución de los funcionarios involucrados. La expectativa pública es alta, pues la población espera que se recuperen los recursos sustraídos y que se establezcan mecanismos que garanticen la integridad del sistema de pensiones en México.
Fuente: Jornada