La elección judicial de 2025 se convirtió en el escenario donde Cajas Graf y Litho Formas, compañías vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas y a la exconsejera del INE Guadalupe Taddei, recibieron más de 123 millones de pesos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Los contratos, revisados por EL UNIVERSAL, revelan que siete empresas relacionadas con el clan Taddei fueron beneficiadas en estados como Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo, bajo la excusa de proveer material electoral para la jornada judicial y sus simulacros.
El contrato más cuantioso fue el IEQROO/LPN/16/2025, suscrito por el Instituto Electoral de Quintana Roo con Litho Formas por 34,798,000 pesos, al que se añadió una adenda de 15,897,222 pesos para Cajas Graf. En total, Quintana Roo gastó 50,695,224 pesos en la compra de insumos electorales. En Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pagó 29,996,292 pesos a Litho Formas, y una modificación posterior sumó 1,102,000 pesos más, alcanzando los 31,098,292 pesos entregados a Cajas Graf.
San Luis Potosí destinó 16,899,925 pesos a Litho Formas, mientras que Coahuila aprobó 16,874,959 pesos bajo el contrato LPN-002-20-25. Nayarit, por su parte, firmó un acuerdo de 7,575,228 pesos con la misma empresa. Estos montos, aunque parezcan aislados, forman parte de un esquema de colusión donde las compañías compartían direcciones fiscales, cambiaban representantes legales y simulaban competencia en licitaciones públicas.
Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) muestran que este grupo corporativo ya había obtenido más de mil millones de pesos en contratos electorales en al menos trece estados, desde 2014, cuando Taddei dirigía el Instituto Electoral de Sonora. Sin embargo, solo ahora se ha dado a conocer la falsificación de procesos licitatorios y la adjudicación directa de recursos sin justificación adecuada.
Una visita de El Gran Diario de México a las oficinas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, ubicadas a solo dos cuadras en la colonia Xalostoc, Estado de México, confirmó la estrecha relación operativa entre ambas empresas. Un empleado de Cajas Graf admitió que ambas compañías se prestan trabajos mutuamente, reforzando la percepción de una red empresarial que opera bajo la apariencia de competencia.
Las revelaciones plantean serias preguntas sobre la transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en la contratación pública. La ASF y la UIF continúan revisando los contratos para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas, mientras la opinión pública exige mayor claridad y rendición de cuentas en el uso de recursos electorales.
Fuente: Eluniversal