Un robot de reparto sin conductor provocó un accidente en el centro de Tallin que dejó a nueve personas heridas. Era casi las seis de la tarde cuando un autobús urbano, lleno de pasajeros de pie, tuvo que frenar bruscamente al ver al robot cruzar la calle con el semáforo en rojo. El frenazo hizo que varios viajeros cayeran al suelo, generando lesiones leves a la mayoría, pero suficiente para que la empresa de transporte municipal TLT reportara el hecho como una emergencia.
El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra al robot siendo empujado por la calzada mientras el autobús continúa su marcha. Andrei Novikov, directivo de TLT, describió al robot como un “conductor a la fuga”, señalando que abandonar la escena sin cumplir la normativa podría constituir delito. La policía de Estonia abrió una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer si la máquina actuó por un fallo de software o por un error de percepción.
Starship, empresa estonia que diseña los robots, explicó que la luz del semáforo estaba parcialmente oculta por un anuncio luminoso y que las señales de peatones y de tráfico coincidían en la misma línea de visión. El jefe de operaciones, Pepe Aaviksoo, admitió que la sensibilidad del robot a la luz era insuficiente, pero negó que el dispositivo haya huido del lugar, asegurando que esperó diez minutos antes de solicitar asistencia para retirarlo de la vía.
El caso plantea un vacío legal en Europa. La directiva de productos defectuosos de la UE, que considera al software y la IA como productos, solo entrará en vigor en diciembre de 2026, dejando a los robots que ya circulan bajo la normativa de 1985. Además, la Comisión europea retiró la propuesta de responsabilidad por daños de IA, lo que complica la asignación de culpabilidad cuando una máquina sin conductor es la causante del siniestro.
En Estonia, la legislación de tráfico desde 2017 trata a los robots de reparto como conductores, obligando a sus propietarios –generalmente plataformas como Bolt– a contar con seguros de responsabilidad civil. Si el robot es alquilado a la empresa de reparto, la responsabilidad recae en el fabricante. Este marco legal es distinto al de España, donde las autoridades locales consideran que los robots no son vehículos y, por tanto, no requieren la misma regulación.
El accidente ocurre en un momento de expansión de los servicios de entrega autónoma en Europa, con más de 10 millones de entregas realizadas por Starship en ocho países y pruebas de conducción autónoma iniciándose en ciudades como Madrid. La situación obliga a legisladores y empresas a definir rápidamente normas claras que garanticen la seguridad de peatones y usuarios mientras la tecnología avanza.
Fuente: xataka