En Veracruz, una nueva legislación busca frenar la práctica del matrimonio infantil y la convivencia en unión libre de menores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca de 24,800 niños, niñas y adolescentes viven en relaciones de pareja sin estar casados, lo que constituye una vulneración de sus derechos. La reforma, aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado, establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes obliguen a menores a vivir en pareja, ya sea bajo la figura del matrimonio o la unión libre.
La medida surge tras años de denuncias de organizaciones de derechos humanos que alertaban sobre la impunidad en estos casos. Grupos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Red por los Derechos de la Niñez señalaron que la falta de sanciones efectivas fomentaba la perpetuación de la violencia de género y la explotación económica. Con la nueva ley, el Estado Veracruzano pretende enviar un mensaje claro: la protección de la infancia es prioridad y cualquier intento de normalizar relaciones entre adultos y menores será castigado severamente.
Entre los elementos clave de la reforma está la tipificación del delito de “coerción a la convivencia” y la ampliación de la responsabilidad penal para los padres, tutores y cualquier adulto que facilite o promueva la unión de menores. Además, se contempla la creación de un registro estatal de casos de matrimonio infantil, que permitirá un seguimiento más riguroso y la intervención temprana de autoridades de protección. Las penas contemplan no solo la prisión, sino también multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos o funciones de autoridad.
Expertos en derecho familiar advierten que la efectividad de la norma dependerá de su aplicación práctica y de la coordinación entre los sistemas de justicia, salud y educación. Señalan la necesidad de campañas de sensibilización en comunidades rurales, donde la costumbre del matrimonio precoz sigue arraigada. Asimismo, se requiere capacitación a jueces y fiscales para que reconozcan la gravedad del delito y apliquen las sanciones correspondientes.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, manifestó que la reforma es un paso fundamental para cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de derechos de la niñez. Añadió que se destinarán recursos para fortalecer los programas de atención a víctimas y para la capacitación de personal policial y judicial. La iniciativa también busca alinearse con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990.
Aun cuando la legislación representa un avance, organizaciones civiles siguen pidiendo una mayor atención a la prevención y la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas. Instan a que se garantice el acceso a la educación, la salud y la justicia para los menores afectados, y a que se promuevan alternativas económicas para familias que, en algunos casos, recurren al matrimonio infantil como estrategia de supervivencia. La sociedad civil, el gobierno y el sector judicial deberán trabajar de la mano para que la medida no quede solo en papel, sino que se traduzca en una protección real para los niños y adolescentes de Veracruz.
Fuente: Diario de Xalapa