Washington ha emitido una orden sin precedentes que obliga a todas las agencias civiles de la rama ejecutiva federal a dejar de adquirir y a retirar de sus sistemas cualquier producto o servicio desarrollado por la empresa china DeepSeek. La medida, publicada el 24 de julio de 2026 en el Federal Register, busca evitar que la tecnología de la compañía, incluido su modelo R1 y las API que pueden integrarse en aplicaciones de terceros, continúe operando en entornos gubernamentales. Se permiten excepciones bajo solicitud previa, pero quedan excluidos los sistemas de seguridad nacional y la información compartimentada de esas mismas agencias.
La directiva no solo afecta a los chatbots de cara al público; también alcanza a cualquier herramienta que utilice la arquitectura de DeepSeek bajo otro nombre. Esto implica que software de proveedores estadounidenses que haya incorporado la API china deberá ser revisado y, de ser necesario, desinstalado. La amplitud de la orden refleja la preocupación de Washington por la posible exposición de datos sensibles a través de servidores ubicados en China, donde la legislación obliga a compartir información con el Estado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que los servicios de DeepSeek pueden recopilar datos personales, rastrear usuarios y procesar la información ingresada en consultas, lo que abriría una ventana para que autoridades chinas accedan a información de ciudadanos y empleados del gobierno estadounidense. Esta inquietud se suma a la ya existente prohibición de diciembre de 2025, que limitó el uso de DeepSeek en sistemas de seguridad nacional, pero ahora se extiende al conjunto de agencias civiles, ampliando el perímetro de la disputa tecnológica.
El contexto internacional es tenso. En septiembre, agencias como la NSA, el FBI y CISA advirtieron sobre campañas de “destilación” que usarían respuestas de modelos de IA para entrenar otros sistemas sin autorización. DeepSeek ha sido señalada como posible responsable de estos intentos, lo que agrava la desconfianza estadounidense. Por su parte, Pekín ha calificado la medida como una politización excesiva de la seguridad nacional y ha prometido defender los derechos de sus empresas.
Esta decisión marca un punto de inflexión en la guerra tecnológica entre EE.UU. y China, demostrando que la disputa ya no gira solo alrededor de qué modelo se emplea directamente, sino también de qué componentes de IA pueden estar ocultos detrás de los servicios adquiridos por el gobierno. Las agencias deberán revisar sus infraestructuras, mientras las compañías tecnológicas buscan alternativas libres de riesgos geopolíticos.
En los próximos meses se espera que otras ramas del gobierno federal, como el Departamento de Defensa, evalúen medidas similares, lo que podría consolidar una política de exclusión total de tecnologías chinas en el aparato estatal estadounidense.
Fuente: Xataka