El pleno del Senado de la República dio luz verde, en términos generales, al dictamen que crea la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Con 72 votos a favor del bloque de Morena y sus aliados y 34 en contra del PAN, PRI y MC, la reforma busca acelerar la adopción de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la dependencia del efectivo. El texto, compuesto por 22 artículos y cinco transitorios, reconoce códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, domiciliación y transferencias como instrumentos válidos para transacciones cotidianas.
La norma introduce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para contratar servicios financieros en línea. Asimismo, define a plataformas, aplicaciones web y móviles como parte esencial de la infraestructura tecnológica que modernizará los pagos de trámites y servicios públicos. Para su implementación, el proyecto obliga a proveedores, así como a autoridades de los tres niveles de gobierno, a habilitar la infraestructura necesaria y a promover su uso entre la población, atendiendo contingencias que pudieran impedir su funcionamiento.
Uno de los puntos más controvertidos es la facultad que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sectores estratégicos y actividades en los que el pago digital será obligatorio. La ley contempla excepciones para efectivo y cheques cuando existan contingencias que lo impidan, pero la discrecionalidad de la SHCP ha generado críticas al considerarse una herramienta para ampliar la recaudación fiscal. Senadores de la oposición, como José Máximo García (PAN), califican la reforma como “voracidad recaudatoria” bajo el pretexto de inclusión financiera.
Los legisladores del PRI, encabezados por Karla Toledo, advierten que la medida vulnera la libertad de los ciudadanos al obligar a la administración a decidir dónde se podrá usar el efectivo. Señalan que el artículo 13 otorga a Hacienda la potestad de imponer el pago digital como única opción en sectores que aún no están bancarizados, lo que afectaría a millones de mexicanos que operan en la informalidad o carecen de acceso a internet.
Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo argumenta que la ley persigue captar recursos de la población informal, los tianguistas y ambulantes, sin que exista una base fiscal clara. Critica la falta de gradualidad en la aplicación, ya que, pese a lo que indica la exposición, los artículos exigen su puesta en marcha inmediata, sin considerar que el 55% de la población está fuera del sistema bancario.
A pesar de las reservas, la reforma fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación. El debate continuará en la Cámara de Diputados y en la sociedad civil, donde se discute si la digitalización de los pagos será una herramienta de modernización o un mecanismo para intensificar la fiscalización sobre los sectores más vulnerables.
Fuente: Eluniversal