España presentó este lunes el plan IA360, una hoja de ruta de entre 600 millones y 5.000 millones de euros destinada a situar al país como referente europeo en inteligencia artificial. El programa incluye la creación de una “gigafactoría” de chips aceleradores, la financiación de proyectos empresariales, la formación de talento y la incorporación de asistentes de IA en la administración pública. Se espera que el centro de datos, con hasta 100.000 chips, esté operativo en 2028, aunque su adjudicación depende de ganar la convocatoria EuroHPC.
El proyecto no es una iniciativa inédita. En 2020 el gobierno lanzó la primera Estrategia Nacional de IA, con una inversión de 600 millones de euros en seis áreas clave: investigación, atracción de talento, infraestructura, adopción empresarial y pública, y marco ético. A seis años de esa estrategia, los resultados siguen siendo limitados: la Comisión Europea indica que España aún no aprovecha plenamente sus ventajas competitivas y la adopción empresarial de IA se mantiene por debajo de la media europea.
A nivel de infraestructura, el país cuenta con el superordenador MareNostrum 5 y Barcelona ha sido elegida para albergar una de las siete factorías europeas de IA. Sin embargo, la falta de una infraestructura pública de inferencia ha obstaculizado la disponibilidad de modelos soberanos como ALIA‑40B, cuyo lanzamiento prematuro en 2025 generó críticas por motivos políticos más que técnicos.
En el ámbito regulatorio, España creó en 2023 la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), pionera en Europa. Aun así, un año después de su puesta en marcha no se ha documentado la auditoría de algoritmos críticos ni la apertura de expedientes relevantes, limitándose a publicar guías y operar un Laboratorio de Ideas.
El plan IA360 propone destinar otros 600 millones de euros para digitalizar 25.000 empresas y llevar la IA a la Carpeta Ciudadana en 2027, facilitando trámites y gestiones gubernamentales. Además, se plantea un “Contrato Social” que reunirá a empresas, sindicatos y administraciones para mitigar el impacto laboral de la automatización.
A pesar de la solidez conceptual del programa, la clave será la ejecución. La inversión pública‑privada ya aprobó 719 millones de euros para el consorcio de la gigafactoría, pero la ausencia de una adjudicación concreta y la dependencia de fondos europeos hacen que el calendario propuesto sea incierto. Solo el tiempo dirá si IA360 logra transformar la promesa en resultados tangibles para la economía española.
Fuente: Xataka