La Coalición de Pensionistas Independientes (CPI) informó que alrededor de 52,000 empleados de distintas dependencias del gobierno estatal de Veracruz aguardan la basificación, un proceso que les permitiría acceder a derechos laborales consolidados, entre ellos la jubilación. La mayoría de los afectados son funcionarios temporales que, a diferencia de sus colegas de planta, no cuentan con seguridad social, aguinaldo ni vacaciones pagadas, y algunos llevan más de 30 años sin recibir prestaciones.\n\nEl reclamo se intensificó en los últimos meses cuando la CPI presentó una petición formal al gobernador y a la Secretaría del Trabajo, señalando que la falta de basificación vulnera la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Según el organismo, la ausencia de un marco legal claro para la contratación temporal ha generado una brecha de derechos que afecta a sectores como educación, salud y seguridad pública, donde la rotación de personal es alta y la estabilidad laboral escasa.\n\nLos sindicatos oficiales, encabezados por la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado (SUTE), han iniciado diálogos con la administración estatal para buscar una solución.
En una reunión reciente, los representantes sindicales solicitaron la creación de un programa de transición que incluya la regularización de contratos, el pago retroactivo de prestaciones y la inclusión de los empleados en el sistema de pensiones del Instituto Veracruzano del Seguro Social (IVSS).\n\nPor su parte, la Secretaría de Finanzas del estado explicó que el presupuesto destinado a la regularización de personal temporario es limitado y que se está trabajando en un plan de reordenamiento fiscal que permita destinar recursos sin comprometer otros programas sociales. Sin embargo, reconoció la necesidad de atender el rezago y prometió presentar una propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa antes de fin de año.\n\nMientras se negocian los términos, los trabajadores han organizado marchas pacíficas en la capital y en municipios clave como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, exigiendo que sus demandas sean atendidas de manera inmediata. Las protestas han contado con la participación de organizaciones de derechos humanos, que advierten que la situación podría derivar en conflictos laborales mayores si no se avanza en la basificación.\n\nExpertos en derecho laboral señalan que la falta de basificación no solo afecta a los empleados, sino que también genera costos ocultos para el Estado, como la pérdida de productividad y la desmotivación del personal.
Recomiendan que el gobierno implemente un registro único de empleados temporales y establezca plazos claros para la regularización, evitando así futuros litigios y garantizando la estabilidad del servicio público.\n\nEn conclusión, la presión de los más de 50 mil trabajadores veracruzanos ha puesto en el centro del debate la necesidad de reformar los esquemas de contratación temporal. La respuesta del ejecutivo y de los legisladores será determinante para resolver un problema que lleva décadas gestándose y que impacta directamente en la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.
Fuente: Diario de Xalapa