La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en la conferencia matutina del 30 de septiembre que la organización policial internacional Interpol retiró la ficha roja que tenía contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Sheinbaum calificó a la pareja de “factureros reconocidos” y los describió como delincuentes que supuestamente utilizaban facturas falsas para evadir impuestos y defraudar a empresarios. La medida de Interpol, según la mandataria, fue tomada sin que se publiquen los motivos que la sustentan, lo que generó una inmediata reacción del Ejecutivo federal.
En sus declaraciones, la presidenta explicó que el gobierno federal solicitará la restitución de la ficha roja, argumentando que, si la pareja viaja al extranjero, México necesita una orden de aprehensión válida para su captura. Sheinbaum subrayó que la evidencia contra Gómez Mont y Álvarez Puga incluye denuncias de facturación fraudulenta y documentos que prueban la existencia de una red de evasión fiscal. La autoridad señaló que la eliminación de la alerta internacional podría obstaculizar la persecución penal en México y en otros países donde la pareja pudiera intentar refugiarse.
El caso ha cobrado relevancia mediática después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara cargos contra la pareja por delitos fiscales y lavado de dinero. La defensa de Gómez Mont ha sostenido que las acusaciones carecen de fundamento y que la ficha roja era un perjuicio a su reputación. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que el gobierno no tolerará la impunidad y que la cooperación con Interpol es esencial para garantizar la seguridad jurídica.
En otro punto de la misma conferencia, la mandataria abordó la solicitud de extradición del juez Ulises Bernabé García, quien goza de asilo en Estados Unidos por su participación en el caso Ayotzinapa. Sheinbaum acusó al juez de haber mentido sobre la presencia de los estudiantes desaparecidos y afirmó que nunca estuvo en riesgo de su vida, por lo que el asilo debe ser revocado. La administración busca reciprocity con EE. UU. en materia de justicia, insistiendo en que ambos países cumplan sus obligaciones.
La polémica también ha generado reacciones de organizaciones de derechos humanos, que piden garantías procesales y respeto a los derechos de los acusados. Mientras tanto, la Fiscalía sigue recopilando pruebas para reforzar la solicitud de Interpol, y se espera una respuesta oficial de la sede central de la organización en Lyon, Francia, en los próximos días.
Este episodio refleja la tensión entre la política interna de combate a la corrupción y la necesidad de coordinación internacional en materia penal. La decisión de Interpol y la respuesta del gobierno mexicano serán observadas de cerca por la comunidad jurídica y la opinión pública, que demandan claridad y transparencia en el proceso.
Fuente: Eluniversal