La madrugada del sábado una explosión sacudió la residencia del subdirector del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, en la capital panameña. Un individuo arrojó un artefacto explosivo contra la casa, provocando una detonación que dañó la fachada y dos vehículos estacionados, los cuales se incendiaron. Afortunadamente, el periodista no se encontraba en el domicilio; su esposa estaba presente pero salió ilesa.
El ataque, calificado como “atentado” por La Prensa, ocurre en un contexto de creciente tensión política en Panamá. Rodríguez lleva varios meses investigando un presunto caso de corrupción que involucra al empresario Roberto Carretero, condenado por malversación en 2021, y al exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, acusado de enriquecimiento ilícito. La violencia contra periodistas es rara en el país, lo que ha intensificado la alarma entre la comunidad mediática y la sociedad civil.
El presidente José Raúl Mulino condenó enérgicamente el hecho, describiéndolo como una “advertencia” contra la libertad de expresión y los valores democráticos. En sus declaraciones oficiales, Mulino aseguró que la Policía Nacional y la Fiscalía ya investigan el caso bajo la figura de “incendiarismo” y que no se tolerarán actos de este tipo bajo ninguna circunstancia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también emitió un comunicado en el que calificó el ataque de “extrema gravedad” y exigió una investigación inmediata, así como garantías de protección para Rodríguez y su familia. El editorial de La Prensa reiteró su rechazo a la violencia, recordando los años de terrorismo de Estado durante la dictadura de Noriega y subrayando el valor de la democracia construida desde entonces.
En el plano judicial, la Procuraduría General de la Nación ha abierto una pesquisa que podría ampliarse si se detectan otras conductas delictivas vinculadas al ataque. Las autoridades buscan determinar si el explosivo fue utilizado como método de intimidación para silenciar la investigación periodística en curso.
El caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los periodistas de investigación en América Latina, especialmente cuando sus reportajes tocan intereses poderosos. La comunidad internacional ha seguido de cerca el desarrollo de los hechos, y organizaciones de derechos humanos han pedido a Panamá reforzar la protección de los comunicadores.
Mientras tanto, Rodríguez calificó el episodio como un “atentado terrorista” y reafirmó su compromiso con la labor informativa, señalando que el objetivo del agresor era atemorizar a quienes defienden la democracia y la libertad de expresión.
Fuente: Bbc