La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) informó que, a la fecha, el 55% de los beneficiarios del programa de vivienda social en la Ciudad de México aún no ha recibido su escritura definitiva.
El retraso se debe a inconsistencias en la documentación presentada por los adquirentes y a fallas en la actualización de los registros catastrales. Según datos oficiales, entre 2022 y 2024 se presentaron más de 3,200 casos de incongruencias que obligaron a iniciar procesos de regularización.
Los afectados, mayormente familias de bajos recursos, expresan su frustración porque la falta de escritura impide acceder a créditos, vender la propiedad o incluso formalizar la residencia. “Sin escritura, no podemos garantizar la seguridad de nuestro hogar ni planear el futuro”, declaró Ana Martínez, beneficiaria del programa en Iztapalapa.
Ante la creciente presión social, la SEDUVI anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional que incluye al Instituto de la Vivienda (Invi) y al Registro Público de la Propiedad (RPP). El objetivo es agilizar la revisión de expedientes y establecer plazos máximos de 90 días para la resolución de cada caso.
Expertos en derecho inmobiliario señalan que la causa raíz del problema radica en la falta de coordinación entre los entes municipales y estatales, lo que genera duplicidad de trámites y pérdida de información. Recomiendan la implementación de un sistema digital único que centralice los datos y reduzca la carga documental.
Mientras tanto, la SEDUVI ha dispuesto un fondo de apoyo de 150 millones de pesos para cubrir gastos de regularización a los beneficiarios que demuestren buena fe y cumplimiento de los requisitos. La medida busca mitigar el impacto económico de los retrasos y evitar que las familias queden en una situación de vulnerabilidad.
El gobierno de la Ciudad de México ha prometido revisar el programa en su totalidad y presentar un informe a la Cámara de Diputados del Distrito Federal antes de fin de año, con la intención de garantizar que la entrega de viviendas sea un proceso transparente y eficiente.
Fuente: Jornada