La madrugada del sábado los efectivos de la policía antidisturbios fueron enviados a la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia. La medida se dio en medio de una escalada de tensiones entre el primer ministro Donald Tusk y la oposición respaldada por el presidente Karol Nawrocki, quienes se disputan la autoridad del máximo órgano judicial del país. Los agentes llegaron para impedir que cientos de manifestantes, mayormente simpatizantes del partido de derecha nacionalista Ley y Justicia (PiS), ingresaran al edificio y provocaran enfrentamientos.
El conflicto se originó cuando el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, solicitó la remoción de la inmunidad judicial del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La petición busca abrir procesos penales contra ambos magistrados, acusados de haber sido nombrados en un proceso considerado irregular por la oposición. Los jueces fueron designados durante el mandato del PiS, partido que utilizó su mayoría para controlar el tribunal y, de esa forma, influir en la constitucionalidad de la legislación.
Tusk, al frente del gobierno de centroderecha proeuropea desde 2023, ha prometido “despolitizar” el Poder Judicial y restaurar el estado de derecho. En declaraciones en redes sociales calificó la situación como “un proceso difícil y a veces doloroso, pero necesario”. Sin embargo, el presidente Nawrocki, que había estado de gira en Senegal para los Juegos Olímpicos de la Juventud, regresó a Varsovia y entró al tribunal en las primeras horas del sábado, lo que intensificó la crisis institucional.
Los tribunales europeos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE, ya habían dictaminado que la mayoría de los jueces nombrados por el PiS no cumplía con los estándares de independencia e imparcialidad. Estas resoluciones sirvieron de base para que el nuevo gobierno intentara suspender las sentencias del tribunal y revertir las reformas del anterior mandato, aunque sin éxito total debido a los vetos presidenciales de Nawrocki y de su predecesor Andrzej Duda.
La Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa, ha instado a Nawrocka a juramentar a cinco magistrados elegidos por el parlamento en marzo, alegando que su falta de juramento vulnera la operatividad del tribunal. Mientras tanto, el ministro Żurek mantiene que Święczkowski y Sochański deben responder penalmente por impedir que nuevos jueces dictaran sentencia, acusación que la oposición tilda de intento de golpe de Estado.
Con las elecciones parlamentarias previstas para el próximo año, la maniobra de Tusk es vista por algunos analistas como una estrategia para ganar apoyo entre los votantes críticos del PiS. Otros, sin embargo, lo acusan de no haber tomado medidas lo suficientemente enérgicas para revertir las reformas judiciales de la era anterior, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del estado de derecho en Polonia.
Fuente: Bbc