La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado oficial en respuesta a la reciente iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, que busca alterar la demarcación de la frontera a lo largo del Río Bravo. La medida, anunciada en una rueda de prensa estatal, pretende trasladar la línea divisoria hacia el norte, bajo el argumento de “seguridad” y “control migratorio”. Sin embargo, el gobierno federal subrayó que la frontera es una cuestión soberana que solo el Estado mexicano puede decidir, y que cualquier intento unilateral vulnera tratados internacionales vigentes.
En el comunicado, la Cancillería recordó que la frontera entre México y Estados Unidos está definida por el Tratado de Guadalupe‑Hidalgo de 1848 y los acuerdos posteriores, como el Tratado de Límites de 1884, los cuales fueron ratificados por ambas naciones. Cambiar la ubicación del Río Bravo sin la participación de México constituiría una violación al derecho internacional y una afrenta a la integridad territorial del país. Además, la autoridad mexicana enfatizó que cualquier ajuste requeriría una renegociación bilateral, proceso que no está en la agenda actual de ninguno de los dos gobiernos.
El gobernador Abbott justificó su propuesta señalando la creciente presión migratoria en la zona y los incidentes de violencia vinculados al narcotráfico. Según sus declaraciones, mover la frontera permitiría a Texas ejercer mayor control sobre el flujo de personas y mercancías, reduciendo así la carga sobre sus fuerzas de seguridad. No obstante, expertos en derecho internacional advierten que la medida carece de fundamento legal y que podría desencadenar tensiones diplomáticas entre ambos países.
Por su parte, la Cancillería mexicana anunció que enviará una delegación a Washington para discutir el tema con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, buscando reafirmar el compromiso de ambos gobiernos con la estabilidad fronteriza. Asimismo, se ha solicitado a la ONU que supervise cualquier intento de modificación territorial que pueda afectar a la población local, especialmente a comunidades ribereñas que dependen del río para su subsistencia.
Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación por el posible desplazamiento de cientos de familias que habitan en la zona fronteriza. Estas comunidades temen perder acceso a tierras agrícolas y fuentes de agua, lo que agravaría la vulnerabilidad social ya existente. La Sociedad Civil ha pedido al gobierno federal que garantice la protección de sus derechos y que se mantenga el diálogo pacífico con Estados Unidos.
En conclusión, la respuesta de la Cancillería subraya la postura firme de México ante cualquier intento de Texas de redefinir la frontera del Río Bravo. La cuestión sigue abierta a negociaciones diplomáticas, pero la posición mexicana es clara: cualquier cambio debe ser consensuado y respetar los marcos legales internacionales vigentes.
Fuente: Jornada