La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haber eliminado una reforma electoral estatal que, según ella, impedía que el partido Morena se financiara con recursos ilícitos y utilizara a criminales para manipular el voto. Campos recordó que el Congreso de Chihuahua había aprobado una modificación a la Ley Electoral para anular cualquier elección en la que se detectara la intervención del crimen organizado, y para sancionar a quien, con ese apoyo, perdiera la candidatura. La iniciativa buscaba evitar que el narco decidiera quién se registra, compite y gana, como ocurre en otros estados del país.
Sin embargo, la mayoría del Congreso votó a favor de la reforma mientras que Morena se opuso, argumentando que la medida vulneraba derechos políticos. Ante la falta de votos suficientes, el partido llevó el tema a la SCJN, que finalmente declaró nula la reforma, según la mandataria. Campos describió a la Corte como una institución que “no discute nada y que sólo acata” los intereses de quienes la presionan, señalando que el fallo favoreció a Morena.
La gobernadora subrayó los riesgos que implica la presencia del crimen organizado en los procesos electorales: financiamiento ilícito de campañas, amenazas, asesinatos de candidatos y la impunidad para quien resulte electo con ese apoyo. “Hay que decirlo con nombre: el responsable es Morena, el partido que votó en contra de blindar las elecciones y después litigó para tumbar el blindaje”, afirmó Campos, citando actas del Congreso y el expediente judicial.
A pesar de la fuerte crítica, Campos reconoció la postura de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, quien se pronunció en contra de la invalidez de la reforma y sostuvo que la intervención del narco vulnera el voto libre y secreto. La gobernadora elogió la defensa de la ministra, indicando que “hasta en la Corte hubo quien la entendió”.
Maru Campos aseguró que su gobierno respetará el fallo de la SCJN, pero no la idea de que “Chihuahua se resigne”. Añadió que, si el camino quedó cerrado, su administración buscará alternativas para proteger la democracia estatal y evitar la infiltración del narco en la política. La controversia reaviva el debate nacional sobre la capacidad del sistema judicial para contrarrestar la influencia del crimen organizado en las contiendas electorales.
El caso pone en relieve la tensión entre poderes federales y locales, y plantea preguntas sobre la efectividad de los mecanismos legales para blindar la voluntad popular frente a grupos delictivos. Mientras tanto, la oposición política y la sociedad civil seguirán vigilando los próximos pasos del gobierno de Chihuahua y la respuesta del Poder Judicial ante esta polémica.
Fuente: Eluniversal