Los “Cromos”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se ha consolidado en el Istmo de Tehuantepec, han convertido al Corredor Interoceánico en una zona de presión delictiva, según fuentes federales y locales. El grupo, identificado como brazo operativo del CJNG, ha ampliado sus actividades de extorsión, despojo de tierras y violencia para controlar rutas estratégicas y obstaculizar la obra ferroviaria. Documentos filtrados por Guacamaya Leaks revelan que, desde 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó la presencia de Los Cromos en Juchitán de Zaragoza, junto a otras células como Los Coyunda y Los Reyes.
En febrero de 2021, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Coatzacoalcos emitió un informe oficial que señalaba la injerencia directa del crimen organizado en el avance del proyecto. El reporte describía cómo el CJNG presionaba a contratistas y autoridades mediante amenazas y extorsiones, dificultando la ejecución de la Línea Z (tramo Coatzacoalcos‑Salina Cruz). Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no atribuyó los retrasos exclusivamente a la delincuencia, sus revisiones físicas advirtieron demoras superiores a un año por deficiencias de planeación y problemas logísticos.
La situación se agravó con la detención del exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano (alias Quetu), y de varios mandos policiales locales, acusados de colaborar con Los Cromos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Fiscalía Federal señalaron que la extorsión y el cobro de piso afectaban a comercios y a las empresas constructoras del corredor, obligando a suspender trabajos o a incrementar los costos de seguridad.
El impacto en la seguridad del proyecto se evidenció en incidentes como el descarrilamiento en la zona de Nizanda‑Chivela. Organizaciones civiles y cámaras empresariales denunciaron que la presión delictiva obligó a detener actividades y a pagar rescates para el traslado de materiales estratégicos. Según datos de Artículo 19 y la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca, los delitos de despojo, lesiones y amenazas en los 79 municipios del corredor aumentaron de 376 en 2018 a 704 en 2021, un incremento del 87 %.
Casos recientes confirman la persistencia del despojo con complicidad policial. El 21 de septiembre, la familia Vicente Jiménez denunció un intento de ocupación de su terreno en Juchitán por una civil acompañada de un policía municipal en uniforme civil. A pesar de la intervención de la Policía Estatal, la familia solicitó protección ante el riesgo de violencia. Desde 2021 a 2024, organizaciones civiles registraron 226 casos de intimidación y extorsión en la zona, en su mayoría vinculados a grupos criminales y, en algunos, a autoridades locales.
Con la disolución del ayuntamiento de Juchitán, la seguridad del perímetro del Tren Interoceánico quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina (Semar), en un intento federal de blindar el proyecto frente al control delictivo arraigado en gobiernos locales. La situación revela cómo la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en un factor crítico para la viabilidad del megaproyecto del Istmo.
Fuente: Eluniversal