La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un comunicado oficial para aclarar que ella no forma parte de la lista de personas y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La publicación estadounidense, difundida este martes, incluyó a su exesposo Carlos Alberto Torres Torres, a su hermano Luis Torres Torres y a varios exfuncionarios locales, entre ellos el exdirector de seguridad pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, por presuntos vínculos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
En el comunicado, el gobierno estatal señaló que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres y que su único vínculo actual es la coparentalidad de su hijo. Además, la mandataria afirmó no poseer cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que todo su patrimonio está debidamente declarado ante las autoridades mexicanas, descartando cualquier implicación directa en los presuntos actos de corrupción o narcotráfico que motivaron las sanciones.
La OFAC designó a 21 personas y 25 entidades, entre ellas empresas que, según Washington, habrían colaborado con la estructura criminal conocida como “Los Rusos”, vinculada a Los Mayos en la región fronteriza. Como medida preventiva, la gobernadora ordenó a la Oficialía Mayor revisar los contratos que el Gobierno de Baja California pudiera tener con esas empresas. En caso de detectarse relaciones contractuales, los expedientes serán remitidos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones legales correspondientes bajo la legislación mexicana.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. explicó que las sanciones buscan bloquear bienes y restringir transacciones financieras con personas y entidades vinculadas al narcotráfico, lo que podría afectar a compañías que operen bajo jurisdicción estadounidense. En el anuncio se resaltó la relevancia de Baja California como zona estratégica dentro de la red del cártel, mencionando operaciones en Tijuana y Mexicali.
El caso de Carlos Torres ya había sido objeto de investigaciones en México; en enero de 2026 la Fiscalía General de la República abrió una causa por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, acusaciones que él negó. Su visa estadounidense fue revocada en mayo de 2025 por motivos similares, y ahora la nueva designación de OFAC formaliza su inclusión en el régimen de sanciones.
A pesar de la presión internacional, la administración estatal reiteró que la gobernadora continuará enfocada en la seguridad, desarrollo y bienestar de la entidad. La atención se centra ahora en la revisión de los contratos con las empresas señaladas y en la respuesta de las autoridades competentes ante los individuos sancionados.
Fuente: Eluniversal