Desde hace más de una semana los camiones de Coca‑Cola que circulan por Taxco aparecen escoltados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La medida se tomó tras denuncias de los vecinos que aseguran haber sido amenazados por la organización criminal La Familia Michoacana, la cual, según los habitantes, habría intentado intimidar a los conductores para cobrar extorsión.
El 31 de octubre, los choferes de la empresa se negaron a salir a repartir sus productos. Un día antes, según testimonios locales, hombres armados descendieron del vehículo que transportaba el camión en la carretera federal Taxco‑Cuernavaca, obligaron a los conductores a bajarse y, posteriormente, incendiaron la unidad. El ayuntamiento de Taxco minimizó el hecho, calificándolo de “cortocircuito”, pero la población insiste en que se trató de un ataque deliberado.
Como consecuencia del incidente, la distribución de los refrescos se suspendió durante los primeros días de noviembre, provocando una escasez notable en tiendas y supermercados. Sólo recientemente se reanudó la entrega, pero ahora bajo la constante vigilancia de soldados de la Guardia Nacional y patrullas de la Policía Estatal, que acompañan a cada camión en sus recorridos.
Los residentes de Taxco describen la situación como precaria: “No se ha restablecido bien la distribución; en algunas tiendas no hay producto y las que sí lo tienen lo recibieron de sus bodegas”, comentó un poblador. La presencia militar se ha convertido en una escena cotidiana en las calles de la ciudad, generando críticas de la población que cuestiona la prioridad de las fuerzas de seguridad.
“En lugar de que la Policía Estatal y la Guardia Nacional realicen operativos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, se prestan a escoltar camiones de una empresa privada que no beneficia a nuestras comunidades”, denunció otro vecino en redes sociales, resaltando la percepción de un uso inadecuado de recursos públicos.
Según los testimonios, La Familia Michoacana utiliza la amenaza como primer paso para imponer el pago de extorsión; si la presión no surte efecto, siguen con ataques que pueden culminar en asesinatos. La situación mantiene a la comunidad en alerta y pone de relieve la necesidad de estrategias de seguridad más enfocadas en la protección de la población y no solo en la defensa de intereses empresariales.
Las autoridades locales y federales aún no han emitido pronunciamientos oficiales que confirmen o desmientan las supuestas amenazas, mientras la ciudadanía sigue demandando respuestas y una solución definitiva al problema de la inseguridad que afecta la vida cotidiana en Taxco.
Fuente: Eluniversal