El caso de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años desalojada de su piso en el centro de Madrid, ha encendido la polémica sobre el acceso a la vivienda en España. Tras siete décadas de alquiler, la anciana fue trasladada en camilla por paramédicos, pero logró un acuerdo para volver a su hogar. Este episodio ha reavivado las protestas y ha puesto de relieve que una de cada cuatro familias españolas tiene dificultades para conseguir o mantener una vivienda, según la fundación FOESSA.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que el 47,3 % de los jóvenes entre 26 y 34 años sigue viviendo con sus padres, principalmente porque los precios de compra y alquiler son inalcanzables. La paradoja es que, entre 1997 y 2008, España construyó alrededor de cinco millones de viviendas, el doble de la demanda de la época. Expertos como Carme Trilla, de Hàbitat3, afirman que ese exceso creó la ilusión de que el problema estaba resuelto, cuando en realidad se gestó una burbuja inmobiliaria.
La crisis financiera global de 2008, desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers, cerró el grifo del crédito barato que alimentaba la construcción y la compra de inmuebles. José García Montalvo, profesor de Economía, señala que la tasa de construcción cayó de 14 viviendas por cada mil habitantes a apenas dos, muy por debajo del promedio europeo de cuatro. El Banco de España estima hoy un déficit habitacional de 750 000 viviendas, cifra que podría superar el millón en los próximos dos años si no se actúa.
La oferta insuficiente se combina con una demanda creciente impulsada por la inmigración. Desde 2021, la creación neta de hogares ha aumentado, con un cuarto de millón de nuevos hogares al año, muchos de ellos gracias a migrantes de Colombia y Venezuela. Sin embargo, la construcción actual apenas cubre una tercera parte de esa necesidad, lo que genera presión sobre el alquiler y dispara los precios, que han subido un 80 % desde 2015 mientras los salarios apenas un 30 %.
Otro factor que agrava la escasez es el uso de viviendas para alquiler turístico. Los fondos de inversión, aunque representan solo el 5 % del mercado, compran propiedades y las revenden a precios más altos, mientras que muchos propietarios prefieren alquilar a turistas en lugar de a residentes. Esto reduce la disponibilidad de pisos para familias y eleva los precios, especialmente en ciudades como Barcelona y Madrid, donde el alquiler promedio supera el 98 % del salario medio de los jóvenes.
El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado medidas para frenar los desalojos y prorrogar contratos de alquiler, pero aún deben ser aprobadas por el Congreso. Mientras tanto, la realidad es que el déficit habitacional sigue creciendo, y la mayoría de las viviendas vacías se encuentran en zonas despobladas, sin posibilidades de ser ocupadas. La crisis de la vivienda en España, por tanto, no es sólo cuestión de construcción, sino de políticas de uso del suelo, regulación del mercado de alquiler y una demanda demográfica que no se está atendiendo adecuadamente.
Fuente: Bbc