La Generalitat de Cataluña anunció esta semana su intención de prohibir todo tipo de inteligencia artificial en las escuelas para menores de 14 años. La medida forma parte de un ambicioso proyecto de “bienestar digital” que también contempla la restricción de redes sociales hasta los 15 años, la limitación del uso de móviles y el retorno a los libros de texto en papel. Aunque aún es una propuesta y quedan varios detalles por definir, el objetivo es proteger la formación de los niños frente a herramientas que, según autoridades, pueden “saltarse pasos cruciales” en su aprendizaje.
Esta decisión sigue a una serie de iniciativas regulatorias que han surgido desde la llegada de ChatGPT a principios de 2023. En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York vetó el uso de la IA en aulas en enero, para luego levantar la prohibición en mayo tras reconocer que había sido una reacción de miedo. En Europa, Noruega recomendó en junio que menores de 6 a 13 años no accedan a sistemas de IA, mientras que Italia exigirá consentimiento parental para usuarios menores de 14 a partir de octubre de 2025. La ola de restricciones muestra una creciente preocupación por el impacto de la IA en la educación básica.
Los defensores de la prohibición citan estudios que sugieren efectos mixtos del uso sin control de la IA. En Turquía, un experimento con 1,000 estudiantes de bachillerato que tuvieron acceso libre a GPT‑4 mostró un aumento del 48 % en la realización de ejercicios prácticos, pero una caída del 17 % en los exámenes tradicionales sin asistencia de IA. Por otro lado, cuando se empleó un tutor de IA diseñado específicamente para apoyar el proceso de aprendizaje, el rendimiento práctico subió un 127 % sin que los resultados de los exámenes se vieran afectados de forma significativa.
Estos hallazgos refuerzan la idea de que la herramienta en sí no es el problema, sino la manera en que se integra al currículo. Expertos advierten que la regulación prematura puede desviar la atención de desafíos más estructurales, como la falta de capacitación docente para usar la IA de forma pedagógica. La pandemia aceleró la digitalización de las aulas, pero también dejó en evidencia que los sistemas educativos no estaban preparados para gestionar tecnologías emergentes.
En Cataluña, la medida también responde a la presión política tras la exclusión de sus estudiantes del último informe PISA, lo que ha generado una crisis de confianza en el sistema educativo regional. La prohibición de la IA se percibe como una forma de recuperar el control y evitar que los alumnos dependan de soluciones tecnológicas que podrían perjudicar su desarrollo cognitivo.
A medida que otras jurisdicciones observen los resultados de la política catalana, el debate sobre la regulación de la IA en la educación seguirá intensificándose. Lo que está claro es que, mientras los gobiernos buscan proteger a los menores, la evidencia científica aún no ofrece una respuesta definitiva sobre cómo equilibrar los riesgos y los beneficios de esta tecnología en el aula.
Fuente: xataka