Una investigación de la Fiscalía Federal ha revelado la existencia de 36 instituciones financieras que, entre 2015 y 2022, otorgaron créditos bajo la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cambio de la entrega de escrituras de inmuebles. Estas empresas, según el reporte, cobraban intereses muy superiores a los del mercado y exigían garantías que, en muchos casos, resultaban en la pérdida de la propiedad del solicitante.
La modalidad 40 permite a los trabajadores del IMSS continuar cotizando de manera voluntaria para mejorar su pensión. Sin embargo, la práctica ilícita consistía en ofrecer adelantos de dinero bajo la premisa de que los beneficiarios podrían regularizar su situación ante el IMSS, mientras que la verdadera intención era apoderarse de sus bienes inmuebles. Los investigadores señalaron que la mayoría de los prestatarios eran adultos mayores y personas con bajos recursos, vulnerables a este tipo de estafas.
El operativo, que culminó en la presentación de 28 denuncias penales, incluyó auditorías a las financieras involucradas y la revisión de más de 5,000 contratos. Los fiscales describieron un esquema de “préstamo con garantía inmobiliaria” que, de forma encubierta, funcionaba como venta forzada. En varios casos, los deudores firmaron documentos sin comprender plenamente las cláusulas, lo que facilitó la apropiación de sus casas por parte de las entidades crediticias.
Autoridades del IMSS han manifestado su sorpresa ante la magnitud del fraude y han anunciado la revisión de los procesos internos para evitar que terceros se aprovechen de la modalidad 40. Además, el organismo ha emitido una alerta a los asegurados, exhortándolos a acudir directamente a sus oficinas y a desconfiar de cualquier propuesta que requiera la entrega de escrituras como condición para obtener un préstamo.
Los afectados, que ya han iniciado acciones legales contra las financieras, esperan la restitución de sus bienes y una compensación por los daños económicos y emocionales sufridos. Organizaciones de defensa del consumidor han pedido al gobierno federal que fortalezca la regulación de los créditos vinculados al IMSS y que imponga sanciones más severas a los responsables.
El caso pone de relieve la necesidad de una mayor educación financiera entre la población, especialmente entre los adultos mayores, y subraya la importancia de que las instituciones públicas supervisen de cerca los productos financieros que se ofrecen bajo su nombre. Mientras tanto, la Fiscalía continuará con la investigación para identificar a posibles cómplices y ampliar la lista de instituciones involucradas.
Fuente: Jornada