Un tribunal de la capital paraguaya, Asunción, dictó una medida cautelar de prisión preventiva contra el exministro de Hacienda y actual candidato presidencial Santiago Peña, acusado de fraude financiero en el caso del colapsado Ueno Bank. La decisión, emitida este lunes, se basa en pruebas que vinculan a Peña con supuestas maniobras para ocultar la insolvencia del banco y desviar recursos a cuentas vinculadas a su entorno cercano. La magistrada a cargo, la jueza María del Carmen González, señaló que existen indicios suficientes de delito y riesgo de fuga, por lo que la medida cautelar es necesaria para garantizar el proceso judicial.
El caso Ueno Bank, que se declaró en quiebra en 2022, ha sacudido la confianza del sector financiero paraguayo y ha generado protestas de clientes y empleados que perdieron sus ahorros. Investigaciones preliminares revelaron irregularidades en la gestión de la entidad, incluyendo la emisión de préstamos sin garantía y la manipulación de estados financieros. La participación de figuras políticas de alto nivel ha intensificado el escándalo, convirtiéndolo en un tema central de la agenda pública.
Peña, quien había sido ministro bajo el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, niega cualquier responsabilidad y calificó la acusación de “persecución política”. Sus abogados presentaron recursos de amparo argumentando que la medida es desproporcionada y que el exfuncionario cuenta con arraigo y garantías suficientes para responder el proceso en libertad. Sin embargo, la corte mantuvo su postura, aduciendo la gravedad de los delitos de estafa y lavado de dinero que se investigan.
La reacción de la oposición ha sido contundente: varios legisladores del partido Colorado y de la coalición de la izquierda pidieron una investigación exhaustiva y la destitución de los funcionarios vinculados al caso. Por su parte, la comunidad empresarial ha expresado su preocupación por el impacto que el escándalo podría tener en la inversión extranjera y la estabilidad del sistema bancario nacional.
Expertos en derecho penal y financiero señalan que la prisión preventiva es una medida excepcional en Paraguay, reservada para casos donde exista riesgo de obstrucción de la investigación o fuga del imputado. En este contexto, la decisión judicial podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Mientras tanto, la defensa de Peña ha solicitado la suspensión de la medida ante la Corte Suprema, argumentando violaciones a los derechos constitucionales del acusado. El proceso judicial continuará en los próximos meses, con audiencias que podrían esclarecer el alcance de la supuesta trama del Ueno Bank y sus repercusiones políticas.
El caso sigue abierto y se espera que tenga implicaciones significativas tanto en la campaña electoral como en la percepción internacional de Paraguay como destino de inversión, reforzando la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector financiero.
Fuente: Jornada