Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden que obliga a la fundación “Luz y Sonrisas”, encabezada por la primera dama Ana Lucía Pineda, a publicar en 48 horas un informe detallado de todas las donaciones recibidas para atender a las víctimas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto. La medida, solicitada por el senador izquierdista Alejandro Ocampo, busca esclarecer el destino de los recursos que, según la fundación, superan los 17 millones de dólares, mientras que la oposición denuncia cifras que superan los 200 millones.
La fundación, creada poco después de la asunción del presidente Abelardo de la Espriella, ha canalizado aportes de empresas privadas y particulares para cubrir necesidades humanitarias en regiones gravemente afectadas. Sin embargo, organizaciones locales y medios de comunicación critican la falta de información sobre cómo se ha distribuido la ayuda, señalando que, a tres meses del desastre, muchas comunidades del oeste del país siguen sin recibir asistencia adecuada.
El fallo judicial exige que el informe de gestión detalle, de forma clara y congruente, cada movimiento de los fondos: lo recibido, administrado, canalizado o distribuido. Además, debe especificar los proyectos ejecutados, las áreas beneficiadas y los montos asignados a la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales que fueron destruidos en el terremoto, que dejó más de 330 muertos y 30,000 viviendas arrasadas.
En una entrevista con Telecaribe, Pineda argumentó que los recursos no se gastaron aún porque la primera fase de ayuda humanitaria ya fue suficiente, y aseguró que el dinero se destinará a una segunda etapa de reconstrucción. Sin embargo, el informe presentado indica que 48,000 personas recibieron algún tipo de asistencia, sin precisar la naturaleza ni el valor de la ayuda entregada.
La oposición ha subrayado que el 31 de octubre la primera dama inauguró vallas en un municipio de Caldas, pero no entregó viviendas ni otros apoyos materiales, lo que alimentó críticas sobre la efectividad de la gestión de la fundación. Ocampo, en un video publicado en X, afirmó que “cuando el gobierno dice que recojan en una fundación privada, ya ese dinero entra al escrutinio público”.
La decisión judicial llega en un contexto de creciente presión social para que el gobierno rinda cuentas y garantice la transparencia en el manejo de recursos de emergencia. La población afectada espera respuestas concretas y una rápida reactivación de los programas de reconstrucción, mientras que la comunidad internacional observa de cerca la gestión de la ayuda en Colombia.
Fuente: Dw