El presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue reportado como secuestrado la noche del sábado en territorio zacatecano, según informó la policía de San Luis Potosí. Las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron en la carretera San Tiburcio‑Vanegas, una vía que cruza la frontera entre los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, zona conocida por su escasa vigilancia y por el tránsito de grupos delictivos.
Según el comunicado oficial de la Guardia Civil Estatal, una de las personas involucradas en el suceso logró escapar y solicitar ayuda en la población de Cedral, San Luis Potosí. Allí, los testigos fueron trasladados a la delegación local, donde denunciaron que fueron abandonados en la carretera antes de ser capturados por los agresores. La información preliminar indica que dos camionetas fueron utilizadas para privar de la libertad al edil, aunque los detalles aún se están verificando.
La Guardia Civil activó de inmediato un operativo en la zona limítrofe, coordinando acciones con la Fiscalía del Estado de Zacatecas y con la autoridad municipal de Río Bravo. El objetivo es localizar a los responsables y garantizar la seguridad del funcionario, cuya familia ya habría sido liberada tras el incidente. Las autoridades también solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier dato que ayude a esclarecer los hechos.
El caso ha generado preocupación en el ámbito político local, pues Almaraz es miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y su posible desaparición podría afectar la gestión municipal en Río Bravo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos que enfrenta retos de seguridad y desarrollo económico. La situación se suma a una serie de incidentes de violencia contra autoridades locales en la región, lo que ha llevado a la población a exigir mayores recursos y estrategias de prevención.
Expertos en seguridad pública advierten que la ubicación del secuestro, en una carretera poco vigilada, facilita la acción de grupos criminales que operan en la zona. Señalan que la falta de patrullaje constante y la limitada capacidad de respuesta de las fuerzas del orden son factores que deben ser revisados para evitar futuros incidentes similares.
Mientras tanto, la Fiscalía de San Luis Potosí ha abierto una investigación formal por privación ilegal de la libertad y está recabando pruebas forenses, testimonios y registros de cámaras de vigilancia de la zona. La expectativa es que, en los próximos días, se conozcan más detalles sobre los responsables y se pueda garantizar el regreso seguro del alcalde a su cargo.
Fuente: Eluniversal