La reciente ola de protestas en Paraguay ha puesto en evidencia el profundo descontento popular contra las políticas económicas de corte neoliberal que, según analistas, han profundizado la desigualdad y la pobreza en el país. Desde la llegada al poder del presidente Mario Abdo Benítez en 2018, se han impulsado reformas estructurales que favorecen la apertura de mercados, la privatización de servicios públicos y la reducción del gasto social, medidas que, si bien buscan atraer inversión extranjera, han generado un aumento de los precios de alimentos y combustibles, afectando a los sectores más vulnerables.\n\nLos movimientos sociales, encabezados por sindicatos y organizaciones campesinas, han salido a las calles exigiendo la renegociación de los contratos de deuda externa y la restitución de recursos al Estado para financiar salud, educación y programas de asistencia. En la capital, Asunción, cientos de manifestantes bloquearon avenidas principales y realizaron una huelga general que paralizó gran parte de la actividad económica durante dos días.
La respuesta del gobierno ha sido el despliegue de la policía nacional, que ha detenido a varios líderes de la protesta y ha sido criticada por el uso excesivo de la fuerza.\n\nExpertos en economía regional señalan que el modelo neoliberal adoptado por Paraguay se ha basado en la exportación de productos agropecuarios sin una diversificación productiva, lo que lo vuelve vulnerable a la fluctuación de los precios internacionales. Además, la falta de inversión en infraestructura y en capital humano ha limitado el desarrollo de industrias de valor agregado, manteniendo al país en una dependencia de la exportación de materias primas. Esta situación ha exacerbado la brecha entre áreas urbanas y rurales, donde la pobreza sigue siendo alarmantemente alta.\n\nEn el plano internacional, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han advertido que la estrategia de austeridad fiscal adoptada por Paraguay contraviene los objetivos de desarrollo sostenible y pone en riesgo la estabilidad social.
La CEPAL ha recomendado una revisión de los acuerdos de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que condiciona la entrega de recursos a la implementación de reformas estructurales que, según la entidad, no han demostrado resultados positivos en la reducción de la pobreza.\n\nMientras tanto, la oposición política ha capitalizado el descontento popular, presentando una agenda alternativa que propone mayor regulación del sector financiero, la nacionalización de servicios esenciales y la implementación de políticas de redistribución de la riqueza. El Congreso, dominado por la coalición del gobierno, ha rechazado la mayoría de las iniciativas presentadas, lo que ha intensificado la percepción de un clima de autoritarismo y falta de representación.\n\nAnte este escenario, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de la crisis paraguaya, pues cualquier escalamiento podría desencadenar una ola de migración hacia países vecinos y afectar la estabilidad económica de la región del Cono Sur. Los analistas coinciden en que la solución pasa por un diálogo inclusivo entre gobierno, sociedad civil y sector privado, que permita diseñar un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.\n\nEn conclusión, la situación en Paraguay ilustra los peligros de aplicar políticas neoliberales sin considerar sus impactos sociales, y plantea la necesidad de replantear el rumbo económico para evitar una mayor profundización de la crisis social que ya se vive en el país.
Fuente: Jornada