Los 36 trabajadores del Ingenio El Modelo, ubicado en la zona agrícola de Veracruz, siguen en pie de lucha para obtener el pago de prestaciones y beneficios económicos que, según ellos, se les adeudan desde el año 2022. La controversia comenzó cuando la empresa y el sindicato firmaron un acuerdo que, según los empleados, dejó sin cubrir salarios atrasados, bonos de productividad y prestaciones de seguridad social. Desde entonces, los obreros han presentado diversas acciones legales, entre ellas un amparo que busca revertir el fallo de 2025 que favoreció a la compañía y al sindicato oficial. La petición principal es que cada trabajador reciba hasta 100 mil pesos como compensación por los montos no pagados y los intereses generados.
El conflicto se intensificó en 2023, cuando la empresa redujo temporalmente la producción y, con ello, los ingresos de los empleados. Los obreros argumentan que la empresa incumplió cláusulas contractuales y que el sindicato no los representó adecuadamente en la negociación. Ante la falta de respuesta, organizaron una serie de protestas pacíficas frente a la planta, exigiendo una audiencia con las autoridades laborales del estado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha recibido varias denuncias, pero hasta la fecha no ha emitido un pronunciamiento definitivo.
El amparo interpuesto en 2024 ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) solicita la nulidad del acuerdo que dejó sin efecto los pagos pendientes. Los obreros esperan que el tribunal ordene a la empresa y al sindicato la devolución de los salarios atrasados, así como el pago de indemnizaciones por daño moral y económico. La defensa de la compañía sostiene que ya cumplió con sus obligaciones y que cualquier monto adicional corresponde a negociaciones internas del sindicato.
Expertos en derecho laboral señalan que casos como este son comunes en la industria azucarera, donde la concentración de poder en pocas empresas y sindicatos puede desfavorecer a los trabajadores. Señalan también que la jurisprudencia reciente tiende a proteger los derechos salariales, pero que la ejecución de sentencias suele retrasarse por recursos y tácticas dilatorias. En este contexto, la decisión del TFJA será observada de cerca por otros sindicatos y empleados del sector.
Mientras tanto, los 36 obreros continúan con su demanda, organizando asambleas y recibiendo apoyo de organizaciones civiles y de derechos humanos. Han solicitado al gobierno federal que intervenga para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que se repitan situaciones de impunidad. La presión social ha crecido, con manifestaciones en la capital del estado y cobertura mediática que busca sensibilizar a la opinión pública.
De mantenerse la postura de la empresa y el sindicato, los trabajadores advierten que podrían iniciar una huelga indefinida, lo que impactaría la producción de azúcar y los ingresos locales. La resolución del caso, sea cual sea, tendrá repercusiones en la relación laboral del sector y podría sentar un precedente importante para futuros conflictos sindicales en México.
Fuente: Diario de Xalapa