Autoridades estatales de Texas anunciaron que nueve islas situadas en el Río Bravo pasan a ser propiedad del estado, bajo la premisa de evitar que grupos delictivos las utilicen para tráfico de personas y drogas. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, citó una decisión de la Oficina General de Tierras (GLO) que, tras un estudio solicitado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), identificó esas islas como sin dueño y, por ende, susceptibles de ser adjudicadas a Texas. La medida incluye la autorización para que fuerzas de seguridad estatales patrullen y revisen las islas, con el objetivo de impedir que se conviertan en refugio para cárteles.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió de inmediato, subrayando que la frontera entre México y Estados Unidos no puede ser modificada por decisiones de una entidad subnacional. El canciller Roberto Velasco recordó que los límites fronterizos están definidos por el Tratado de Límites de 1970, el cual establece que la línea internacional en el Río Bravo corre por el centro del cauce normal del río. Según este acuerdo, la soberanía de cada país se determina por la ubicación del centro del río, sin que una autoridad estatal pueda alterar esa delimitación.
Velasco enfatizó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la única instancia autorizada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y decidir a qué lado corresponde cada isla. La CILA también tiene la facultad de impedir la construcción de obras que puedan desviar u obstruir el flujo natural del río, medida que protege tanto el medio ambiente como la integridad del límite internacional. En ese sentido, cualquier acción unilateral de Texas carece de fundamento legal bajo el marco bilateral.
La SRE indicó que México seguirá vigilando de cerca cualquier movimiento en la zona y reiteró su compromiso de respetar los tratados vigentes, así como de mantener el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos. “Daremos seguimiento puntual a cualquier acción que se emprenda en la zona y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común”, afirmó el comunicado de la cancillería.
Mientras tanto, la administración de Texas justifica su decisión como una medida de seguridad nacional, argumentando que la presencia de cárteles en esas islas representa una amenaza directa para la población texana. La comisionada Buckingham aseguró que el territorio del estado no será un refugio para organizaciones criminales y que las fuerzas de seguridad actuarán conforme a la ley para eliminar cualquier actividad ilícita.
La controversia reaviva un antiguo debate sobre la gestión de islas y áreas fluviales en la frontera, donde la falta de claridad sobre la propiedad ha generado tensiones diplomáticas en el pasado. Expertos en derecho internacional advierten que cualquier disputa no resuelta podría escalar y afectar la cooperación binacional en temas de seguridad, migración y medio ambiente. Por ahora, la CILA sigue como el árbitro técnico que determinará el destino definitivo de esas nueve islas.
En conclusión, la declaración de Texas representa un desafío al orden establecido por el tratado de 1970, mientras que México mantiene su posición firme en defensa de la integridad fronteriza y el respeto a los acuerdos internacionales. El futuro de las islas dependerá de la evaluación de la CILA y de la capacidad de ambos países para resolver la disputa sin dañar la relación bilateral.
Fuente: Eluniversal