Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, anunció que su bancada analizará la posibilidad de revisar los llamados “súper poderes” que el Congreso otorgó a Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La medida surge después de que la consejera enfrentara acusaciones de presuntos actos de corrupción vinculados a contratistas, lo que ha encendido el debate sobre la concentración de facultades en un solo funcionario del organismo electoral.
Los “súper poderes” permiten a la presidenta del INE nombrar directamente a los titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas sin pasar por la aprobación del Consejo General. Un ejemplo reciente es el nombramiento en febrero de 2025 de José Luis Arévalo Romo como titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, pese a su falta de experiencia en el sector. Este tipo de decisiones ha sido cuestionado por diversos sectores, que consideran que vulnera los principios de colegialidad y rendición de cuentas.
Monreal enfatizó que la revisión no implica una acusación directa contra Taddei, pero sí la necesidad de evitar “facultades exorbitadas” en cualquier órgano colegiado. “No somos tapadera de nadie”, afirmó en conferencia de prensa, señalando que Morena, como fuerza mayoritaria en la Cámara, no protegerá a funcionarios que resulten culpables de irregularidades o actos de corrupción. Subrayó que la investigación corresponde al Órgano Interno de Control del INE, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por su parte, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, del Movimiento de Regeneración Nacional, explicó que los “súper poderes” fueron concebidos como una solución temporal para sortear bloqueos internos del Consejo General que impedían nombramientos críticos de cara a los procesos electorales. Según Luna, la atribución de designar funcionarios no es intrínsecamente indebida; el problema radica en su posible desvío del objetivo institucional, lo que justifica una investigación exhaustiva.
El debate se inscribe en un contexto más amplio de críticas a la gestión del INE, que también ha enfrentado denuncias de irregularidades en la contratación de estudios para remodelar su sede y sospechas de conflicto de intereses al involucrar a familiares de asesores en procesos de suministro. Estas controversias ponen de relieve la presión política para reforzar los mecanismos de control interno y la transparencia del organismo.
Si bien aún no hay una decisión definitiva, la propuesta de revisar los “súper poderes” sugiere una posible reforma estructural que podría limitar la capacidad discrecional de la presidenta del INE. El resultado de este análisis tendrá implicaciones significativas para la autonomía del instituto y la confianza pública en los procesos electorales futuros.
Fuente: Eluniversal