El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que la demanda de cirugías mayores supera con creces su capacidad actual, lo que obliga a la institución a priorizar la contratación de más especialistas y reducir los trámites administrativos. Según el último reporte del organismo, el número de intervenciones quirúrgicas programadas creció un 22% en el último año, mientras que la disponibilidad de quirófanos y personal quirúrgico se mantuvo prácticamente estable.
Esta brecha se traduce en listas de espera que pueden alargarse hasta seis meses, afectando a pacientes con patologías que requieren atención pronta, como cáncer, enfermedades cardíacas y complicaciones ortopédicas. Los directivos del IMSS advierten que la demora en la atención quirúrgica incrementa los costos de salud a largo plazo y deteriora la calidad de vida de los asegurados.
Para hacer frente a la situación, el Instituto propone una reforma interna que reduzca la carga burocrática y agilice los procesos de autorización de cirugías. La medida incluye la digitalización de expedientes, la simplificación de los protocolos de revisión y la eliminación de cargos administrativos redundantes. Asimismo, se plantea la creación de un programa de incentivos para atraer a cirujanos experimentados, tanto del sector público como privado, a fin de cubrir vacantes críticas en hospitales de alta demanda.
Expertos en salud pública coinciden en que la escasez de personal médico especializado es un problema estructural que trasciende al IMSS. La falta de inversión en capacitación y la fuga de talentos hacia el sector privado o el extranjero han debilitado la capacidad operativa de los hospitales públicos. En este contexto, la propuesta del Instituto busca equilibrar la balanza, pero requiere de recursos financieros adicionales y de la voluntad política para su ejecución.
El gobierno federal ha respondido que está evaluando el presupuesto destinado al IMSS para el próximo ejercicio fiscal, con la intención de asignar fondos específicos a la expansión de quirófanos y a la contratación de personal médico. Sin embargo, los legisladores señalan que la aprobación de estos recursos depende de un proceso legislativo que puede demorar varios meses.
Mientras tanto, pacientes y organizaciones civiles han intensificado sus campañas de presión, exigiendo soluciones inmediatas. Manifestaciones y peticiones en redes sociales han puesto de relieve la frustración de la población ante la lentitud del sistema. La presión social podría acelerar la toma de decisiones y forzar al IMSS a implementar cambios estructurales con mayor celeridad.
Fuente: Jornada