El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Campos, presentó una denuncia formal contra su antiguo fiscal, señalando que habría encubierto actos de corrupción vinculados al caso de la Comisión de Investigación Administrativa (CIA) y a la actual gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Campos explicó que, durante su gestión como fiscal del distrito, el funcionario habría manipulado pruebas y silenciado testimonios de testigos clave, favoreciendo a funcionarios del gobierno local. Según el legislador, estas irregularidades permitieron que se ocultaran recursos públicos desviados a través de contratos inflados y sobreprecios en obras de infraestructura.
La denuncia, que ya fue remitida a la Fiscalía General de la República (FGR), incluye documentos internos, correos electrónicos y actas de audiencias que, según Campos, demuestran la colusión entre el ex fiscal y altos funcionarios de la administración de Sheinbaum. El diputado aseguró que la investigación de la CIA, iniciada en 2022, fue utilizada como una herramienta política para desviar la atención de la corrupción interna.
Sheinbaum, por su parte, ha calificado la acusación de “infundada y políticamente motivada”, y ha pedido a la Fiscalía que se abstenga de cualquier acción que pueda considerarse una persecución electoral. La gobernadora reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que su gobierno ha implementado auditorías externas para revisar los procesos de contratación.
Expertos en derecho penal y en gestión pública advierten que, de confirmarse los señalamientos, el caso podría desencadenar una crisis institucional en la Ciudad de México, donde la confianza ciudadana en las autoridades ya está erosionada. Además, la posible implicación de un ex fiscal podría abrir la puerta a revisiones de casos judiciales previos, afectando a varios funcionarios y empresarios.
Mientras tanto, la oposición política ha solicitado la intervención del Congreso para crear una comisión bicameral que supervise la investigación y garantice su independencia. La sociedad civil también ha convocado protestas en la capital, exigiendo rendición de cuentas y una auditoría exhaustiva de los recursos públicos.
El caso sigue en desarrollo y la FGR aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo. Sin embargo, la presión mediática y la creciente movilización social sugieren que la investigación podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más relevantes del país en los próximos meses.
Fuente: Jornada