El general en retiro Audomiro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), firmó el 27 de septiembre de 2024 una resolución que impide la publicación de su declaración patrimonial y la de todos los funcionarios de la entidad durante los próximos cinco años. La medida, justificada por el propio CNI como necesaria para proteger la seguridad nacional, sostiene que la divulgación de esos datos podría facilitar la extorsión o el atentado contra los servidores públicos por parte de organizaciones delictivas.
Según la resolución CNI/CT/080/24/01, el argumento central es que la exposición de los bienes patrimoniales permitiría a la delincuencia identificar a los funcionarios y presionarles para obtener información privilegiada sobre operaciones de inteligencia. El documento también advierte que la publicación podría “potenciar” riesgos de coacción, poniendo en peligro tanto a los servidores como a sus familiares.
La decisión se produce a escasos días del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Martínez Zapata estaba a punto de dejar su cargo. La normativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el derecho a la información no es absoluto y contempla excepciones para casos de seguridad nacional, aunque la justificación del CNI ha sido cuestionada por excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del INAI, reconoció que la ley permite reservas para organismos de seguridad, pero señaló que la motivación presentada por el CNI es insuficiente. “No basta con decir que todos los que trabajamos aquí realizamos trabajo de seguridad nacional; la causal debe ser más clara”, afirmó. Por su parte, Julieta del Río Venegas, excomisionada, reiteró que la declaración patrimonial es pública y que las reservas deben aplicarse con criterios estrictos y no de manera automática.
Mientras tanto, la plataforma Declaranet, operada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, no mostrará los bienes de Martínez Zapata ni de los funcionarios del CNI hasta septiembre de 2029. Esta falta de transparencia genera sospechas y debates sobre la rendición de cuentas de los altos cargos de seguridad, en un contexto donde la opinión pública demanda mayor claridad sobre los patrimonios de quienes manejan información sensible.
La controversia pone de relieve la tensión entre la necesidad de proteger la integridad de los agentes de inteligencia y el principio de acceso a la información que sustenta la lucha contra la corrupción en México. El caso podría sentar precedentes para futuras decisiones sobre la divulgación de patrimonios en instituciones de seguridad, y será observado de cerca por organizaciones de la sociedad civil y autoridades de control.
Fuente: Eluniversal