El Ayuntamiento de Madrid anunció el 31 de diciembre de 2025 la plena privatización de la gestión de la M‑30, bajo el argumento de ahorrar más de mil millones de euros en los próximos quince años. Sin embargo, una investigación de El Mundo revela que, en el mismo proceso, la corporación municipal abandonó una reclamación de 112 millones de euros por facturas de electricidad impagadas a la empresa privada Emesa, socia de la antigua sociedad mixta Calle 30.
Calle 30, creada en 2005, funcionó durante dos décadas como una entidad mixta en la que el Ayuntamiento poseía el 80 % y Emesa, un consorcio liderado por Serveo, el 20 %. El acuerdo de compra de esas participaciones costó al consistorio 103,9 millones de euros, pero la tarifa eléctrica nunca quedó incluida en el precio. Según El Mundo, la deuda empezó en 54 millones de euros y se incrementó anualmente hasta alcanzar los 112 millones registrados en las últimas cuentas, pese a que Emesa se negó a pagar en cada oportunidad.
El origen del conflicto se remonta a la licitación de 2005, donde los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) obligaban al socio privado a asumir el costo de la luz, mientras que el pliego de prescripciones técnicas (PPT) lo asignaba a la propia Calle 30. En la práctica, la sociedad mixta cubría las facturas desde el inicio. El Ayuntamiento argumenta que mantuvo la reclamación por “cautela jurídica” y para evitar la prescripción, citando una resolución de 2005 que, según su interpretación, eximía a Emesa del pago.
A lo largo de los gobiernos de Manuela Carmena (2015‑2019) y José Luis Martínez‑Almeida (desde 2019), la demanda siguió viva, pero nunca se llegó a instar a juicio. La Cámara de Cuentas había señalado la irregularidad en 2016, aunque sin determinar quién debía pagar. En 2017, asesores jurídicos del área de movilidad confirmaron por escrito que Emesa era responsable, pero el Ayuntamiento no presentó la acción legal correspondiente.
La relación entre el consistorio y Emesa ha sido tensa desde hace años; la empresa demandó a Calle 30 en varias ocasiones y mostró reticencia a vender sus acciones, que el contrato permitía al Ayuntamiento adquirir en 2025. De no hacerlo, la próxima oportunidad habría sido en 2040. Además, informes de la consultora LRA indican que los túneles de la M‑30 requieren una inversión de 400 millones de euros para su mantenimiento, una cifra que la administración aún no ha destinado.
Con la renuncia a la reclamación, la probabilidad de recuperar los 112 millones se vuelve mínima, dejando al erario madrileño con una deuda histórica que se diluye en la transición a la gestión pública total de la autopista.
Fuente: xataka