Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y los registros oficiales del Congreso de Veracruz revelan una preocupante brecha entre el gasto público y la productividad legislativa. Según cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda, el costo anual de los 50 diputados locales asciende a 16.8 millones de pesos por legislador, lo que representa una inversión de 840 millones de pesos al año para el erario estatal. Sin embargo, la cantidad de iniciativas presentadas, comisiones integradas y proyectos aprobados muestra una actividad legislativa muy por debajo de lo esperado.
En el periodo 2022‑2024, el promedio de iniciativas presentadas por diputado fue de apenas 12, mientras que la media nacional ronda los 45 proyectos por legislador. Además, solo 18 de los 50 diputados participaron activamente en comisiones clave como Hacienda, Salud y Educación, áreas críticas para el desarrollo del estado. Esta falta de participación se traduce en una baja generación de leyes que respondan a las demandas ciudadanas, como la inseguridad, la escasez de agua y la falta de infraestructura.
Los analistas políticos señalan que la falta de productividad no solo implica un gasto innecesario, sino que también debilita la confianza de la población en sus representantes. En Veracruz, donde la percepción de corrupción y la impunidad son altas, la ineficacia legislativa alimenta el desencanto y la apatía electoral. Organizaciones de la sociedad civil han pedido mayor transparencia y la publicación de métricas de desempeño para cada diputado, con el fin de que los votantes puedan tomar decisiones informadas en la próxima elección.
El gobierno federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación, ha iniciado una revisión de los gastos operativos del Congreso estatal, enfocándose en la justificación de los recursos destinados a salarios, viáticos y gastos de oficina. Se espera que el informe final, que será público, detalle posibles ajustes presupuestarios y recomiende mecanismos de rendición de cuentas más estrictos.
Mientras tanto, algunos diputados han intentado defender su labor señalando que la calidad de las iniciativas es más importante que la cantidad. Argumentan que proyectos como la modernización del sistema de salud rural y la creación de un fondo de apoyo a pequeños agricultores requieren tiempo de estudio y negociación, procesos que no se reflejan en simples números de iniciativas.
La discusión sobre la productividad legislativa y el costo de los representantes sigue abierta, y la ciudadanía de Veracruz espera respuestas concretas. La presión de la opinión pública podría impulsar reformas que establezcan metas claras, evaluaciones periódicas y sanciones para quienes no cumplan con los estándares mínimos de desempeño.
Fuente: Diario de Xalapa