A menos de una semana de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), emergen nuevas pruebas que podrían agravar la crisis institucional. Los periodistas Carlos Loret de Mola y Adela Micha difundieron tres videos y varios audios del empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista de materiales electorales vinculado a Taddei. En el primer clip, grabado con un celular, Hernández Casillas grita en tono violento porque funcionarios del INE no siguen sus órdenes, diciendo: “Si hay un re‑puto concurso que no gané yo, se la lleva la verga”. La agresividad del empresario sugiere una relación de dependencia y presión que trasciende lo contractual.
En el segundo video, el apoderado de la compañía Cajas Graf conversa con Taddei sobre la magnitud de la red de funcionarios que ella habría colocado a su favor. Se escuchan frases incomprensibles, pero el contexto indica que ambos discuten la cantidad de personal que cada uno ha incorporado al organismo, aludiendo a nombres de Veracruz y a la supuesta falta de control interno. Este intercambio alimenta la sospecha de que la consejera habría usado su posición para crear una estructura de lealtades personales dentro del INE.
El tercer fragmento, quizás el más polémico, muestra a Hernández Casillas afirmando que los dos hijos de Taddei poseen casas y pueden viajar al extranjero gracias a los contratos celebrados con él. “Los dos hijos tienen casa gracias a esto. Uno se fue a Europa y el otro vive como rey por facturas de seis millones de pesos”, declara el empresario, insinuando un beneficio económico directo a la familia de la exconsejera.
Paralelamente, el programa “Me lo dijo Adela” difundió una llamada en la que Hernández Casillas amenaza con recurrir a contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos si Taddei rompe los acuerdos. “Tengo amistades en el DOJ que pueden ayudarme”, asegura, lo que sugiere la posibilidad de presionar a autoridades extranjeras para resolver disputas locales.
Durante la conversación, el contratista también menciona conflictos en proyectos de Coahuila y Veracruz, sin precisar los contratos involucrados. Asegura haber formado equipos y desarrollado iniciativas vinculadas al INE, y acusa a Taddei de intentar excluirlo de negocios en los que habría invertido millones. Estas acusaciones, aunque no respaldadas con documentación pública, refuerzan la percepción de una red de intereses cruzados entre el sector privado y el organismo electoral.
Las revelaciones aumentan la presión sobre el INE, que ya enfrenta críticas por supuestos actos de corrupción y falta de transparencia. Las autoridades electorales deberán investigar los audios y videos para determinar si existen delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito o abuso de autoridad. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida, exigiendo claridad y sanciones para quienes hayan vulnerado la integridad del proceso electoral.
https://x.com/CarlosLoret/status/2115660359654953452
https://x.com/Adela_Micha/status/2115870212478091451
Fuente: Eluniversal