El ministro de Transportes, Óscar Puente, recibió una fuerte reprimenda de los sindicatos ferroviarios después de señalar al controlador del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha como uno de los principales responsables del accidente ocurrido el 28 de octubre en el corredor andaluz de alta velocidad. En la rueda de prensa, el titular describió la orden del operario de permitir al AVE circular “con normalidad” pese a que la señalización prohibía el paso y había un tren Iryo detenido en la vía.
Los sindicatos, encabezados por el Sindicato de Circulación de Ferrocarriles (SCF), calificaron las declaraciones del ministro como “lamentables” y denunciaron una estrategia de culpabilizar al trabajador sin considerar la caída del sistema de señalización automática LZB, que dejó sin cobertura más de 60 kilómetros de la línea. Según el SCF, la presión sobre el operario es un intento de convertirlo en chivo expiatorio mientras se ignoran fallas estructurales y de personal.
El mismo día del siniestro, la cadena SER publicó audios filtrados del CRC de Atocha en los que se escucha al maquinista y al responsable de circulación intercambiando información confusa y, en un momento, ordenando al AVE que prosiguiera su marcha a velocidad normal. Los sindicatos catalogaron esos archivos como “interesados” y advirtieron que su difusión permite que cualquier ciudadano juzgue a un trabajador sin los conocimientos técnicos necesarios, vulnerando su derecho a la intimidad y a la defensa.
UGT y CCOO también se sumaron a la crítica. La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, pidió que no se centre la responsabilidad en el último eslabón de la cadena sin analizar las condiciones laborales y la sobrecarga de personal que el propio ADIF había señalado en reiteradas ocasiones. El CSIF, por su parte, exigió la renuncia de Puente, argumentando que el ministro está desviando la atención del problema estructural hacia un individuo.
La polémica recuerda el caso de Angrois, donde también se culpó al maquinista tras un descarrilamiento mortal. En esa ocasión, la falta de señalización adecuada y la presión sobre el operario fueron también factores determinantes, y los audios filtrados revelaron la angustia del conductor al superar la velocidad permitida.
Hasta el momento, Óscar Puente ha rechazado la petición de dimisión, afirmando que “mi forma de ser responsable es dar la cara”. Sin embargo, la presión sindical se mantiene y la investigación oficial deberá esclarecer si la culpa recae en el error humano, en la caída del sistema LZB o en una combinación de ambos factores, mientras la opinión pública sigue expectante.
La resolución del caso tendrá importantes repercusiones para la seguridad ferroviaria en España, la confianza en el Ministerio de Transportes y la relación laboral entre los trabajadores de ADIF y el gobierno, que ahora enfrenta una creciente demanda de transparencia y responsabilidad institucional.
Fuente: xataka