La red de alta velocidad española, antes símbolo de progreso, se vio sacudida en 2026 por dos accidentes mortales en el mismo corredor Madrid‑Andalucía. El primero, el 18 de enero, ocurrió en Adamuz, provincia de Córdoba, donde la colisión de dos AVE dejó 45 fallecidos y más de un centenar de heridos. Fue el siniestro ferroviario más letal en España desde 2013 y revivió temores sobre la seguridad de una infraestructura que durante décadas había sido modelo en Europa.
Solo tres meses después, el miércoles 30 de octubre, otro tren de Renfe chocó contra un Iryo detenido en la vía de Urda, Toledo. El impacto provocó 69 muertos y decenas de heridos, superando en cifras al accidente anterior. Las autoridades señalaron que un fallo informático desactivó el sistema automático de gestión de tráfico, permitiendo que el maquinista recibiera una orden errónea de reanudar la marcha sin reducir la velocidad.
Los informes preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a causas distintas pero relacionadas. En Adamuz se detectaron grietas estructurales en la vía que no habían sido reparadas, mientras que en Urda el sistema de señalización LZB, que impide que dos trenes ocupen el mismo cantón, estaba fuera de servicio por una avería informática. Ambos hallazgos ponen en el centro del debate la falta de mantenimiento y la presión creciente sobre la red.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que la infraestructura enfrenta “límites” tanto materiales como operativos y anunció medidas para reforzar la confianza del público. Sin embargo, el sindicato de maquinistas Semaf denuncia un deterioro paulatino y exige mayor inversión en mantenimiento, alegando que la liberalización del sector ha incrementado la circulación y, con ello, el desgaste de vías y equipos.
España, con la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, ha exportado su tecnología a países como Arabia Saudita y Reino Unido. No obstante, la reciente oleada de incidentes ha puesto bajo la lupa la sostenibilidad del modelo. Expertos advierten que la expansión rápida, combinada con presupuestos de mantenimiento en descenso, podría comprometer la seguridad a largo plazo.
El Gobierno prometió revisar los protocolos de control y destinar recursos adicionales, pero la falta de un presupuesto aprobado desde 2023 dificulta una respuesta estructural. Mientras tanto, los usuarios esperan respuestas claras y garantías de que los trenes volverán a ser sinónimo de eficiencia y seguridad, no de tragedia.
Fuente: Bbc