La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realice una revisión exhaustiva de los contratos y el uso de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE). La petición abarca tanto la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, actual consejera del organismo, como la de su predecesor, Lorenzo Córdova, tras denuncias de posibles conflictos de interés y contrataciones sospechosas.
Sheinbaum, en su conferencia matutina, enfatizó que la auditoría debe cubrir todos los años en los que existan señalamientos, no limitarse al último periodo. “Debe transparentarse cada contrato, cada sueldo y cada gasto del INE. No puede quedar nada fuera de la rendición de cuentas”, declaró la mandataria, subrayando la necesidad de que la ASF actúe con su mayor atribución.
Entre los proveedores señalados por irregularidades se encuentran Comercializadora JVIL, Formas Finas y Materiales Corporativos. La presidenta recordó que corresponde a las autoridades competentes investigar dichos contratos y, de comprobarse infracciones, aplicar las sanciones correspondientes. “Que actúe quien deba actuar. La ASF debe llevar a la luz cualquier sombra de corrupción”, reiteró.
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE ya detectó, desde el 9 de septiembre, depósitos de proveedores a funcionarios, participación accionarial de trabajadores en empresas contratistas y omisiones patrimoniales que alcanzarían los 5.6 millones de pesos. Aunque no se han presentado denuncias formales, la oposición acusa al instituto de ocultar la información y exige una depuración total del organismo.
Sheinbaum también advirtió que la auditoría no debe limitarse a la administración actual, sino incluir periodos anteriores donde se hayan registrado denuncias similares. La presidenta resaltó que la transparencia es esencial para evitar escándalos como el que vivió el INE con la exconsejera Taddei, quien estuvo bajo críticas por la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a su entorno.
Por último, la mandataria señaló que cualquier reforma a la Ley Electoral para prevenir futuras irregularidades debería ser evaluada por la Cámara de Diputados, ya que en periodo electoral abierto no se pueden introducir cambios legislativos. La expectativa ahora recae en los consejeros del INE, quienes deberán decidir si existen actos ilícitos o conflictos de interés y actuar en consecuencia.
Fuente: Eluniversal