El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, admitió el pasado 9 de septiembre que su unidad había detectado graves inconsistencias en los contratos del INE con proveedores cercanos a la exconsejera Guadalupe Taddei. Durante la presentación del Informe Previo de Gestión 2026 ante la Comisión de Transparencia del Congreso, Carvente señaló que se identificaron depósitos bancarios superiores a 5 millones de pesos provenientes de empresas contratadas por el organismo electoral, así como servidores públicos que omitieron declarar su participación accionarial.
Estas observaciones coinciden con las investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya habían señalado que 57 personas físicas habían obtenido contratos del INE mientras ocupaban cargos públicos. El contralor explicó que, a lo largo del primer semestre de 2026, se sancionaron a seis funcionarios con multas que suman 714 mil pesos y con inhabilitación de hasta ocho años por presentar documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, la reunión de más de dos horas transcurrió sin que diputados y diputadas interrogaran al contralor. Carvente, por su parte, presentó una serie de “logros de eficiencia administrativa”, entre los que destacó la recuperación de 138,649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131,144 pesos gracias a medidas de austeridad en viáticos de fin de año.
El funcionario también solicitó a los legisladores una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentando que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene al OIC “ciego” al negar el acceso a información fiscal y bancaria de altos funcionarios del INE, competencia que según él corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Función Pública. Esta limitación, según Carvente, dificulta la detección oportuna de delitos como la triangulación de recursos y los conflictos de interés.
Expertos y observadores electorales critican la alianza operativa entre Carvente y Taddei, señalando que el OIC habría usado su poder fiscalizador para presionar a consejeros opositores. Un ejemplo citado es la reapertura de un expediente archivado en 2021 que involucraba a consejeras del bloque morenista y que fue calificado como una “cacería de brujas” por los propios consejeros.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que el OIC lleva una investigación sobre los contratos irregulares, pero que aún no se han formalizado denuncias por respeto al debido proceso. Por su parte, el coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que se presentará un punto de acuerdo para citar a comparecer a Carvente y exigir claridad sobre cómo el INE permitió estos excesos sin una advertencia formal del órgano de control.
Fuente: Eluniversal