Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a la solicitud de rendición de cuentas de Morena sobre presuntos contratos irregulares por 2,461 millones de pesos. En su comunicado, Córdova respaldó la “iniciativa justiciera” del partido, pero advirtió que, si algún morenista resultara involucrado, no se debe aplicar el habitual “manto de impunidad” que, según él, protege a los funcionarios del propio partido.
Morena, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, retomó el calificativo de “mafia electoral” para describir los supuestos negocios dentro del INE durante los últimos 27 años. El partido exigió a Córdova, al exconsejero Ciro Murayama y al exconsejero Edmundo Jacobo que “den la cara” y expliquen sus gestiones para evitar la concentración de contratos y la supuesta corrupción que afecta la credibilidad del organismo electoral.
El caso se enmarca en el escándalo del clan Taddei, cuya red habría operado entre 2014 y 2025 mediante cinco empresas fachada que simularon competencia para adjudicarse contratos millonarios del INE. Según la infografía difundida por Morena, Cajas Graf recibió 1,072 millones de pesos, Formas Finas y Materiales 815.9 millones, Corporativo ZEG 278.7 millones, Comercializadora JVLY 208.3 millones y Seriplast de México 85.1 millones. Además, el Órgano Interno de Control del INE cuenta con 18 expedientes y cinco funcionarios públicos imputados por faltas graves.
En la mañana del 5 de noviembre, la secretaria del Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, señaló que los montos divulgados provienen de fuentes abiertas y la plataforma de Transparencia, pero advirtió que el daño al erario podría ser mayor una vez que se revisen auditorías aún no públicas. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) espera la denuncia que las diez consejerías del INE, encabezadas por Blanca Yassahara Cruz García, presentarán contra el clan Taddei por las irregularidades detectadas.
Sheinbaum, por su parte, cuestionó a Córdova por su aparente inacción frente al duopolio de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, quienes, según la mandataria, fueron nombrados por ella y tenían la capacidad de revisar los procesos internos del INE. La presidenta acusó al exconsejero de evadir responsabilidades y exigió medidas claras para evitar futuros conflictos de interés.
El conflicto entre Morena y el exconsejero del INE refleja una pugna política más amplia sobre la transparencia electoral en México. La resolución del caso podría sentar precedentes sobre la fiscalización de contratos públicos y la independencia del organismo que garantiza la legalidad de los comicios. La sociedad civil y los observadores internacionales siguen de cerca los avances, mientras el debate sobre la “mafia electoral” se intensifica en la agenda pública.
Fuente: Eluniversal