En 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 24,348 homicidios dolosos, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 29,488 fallecimientos por homicidio, lo que implica un subregistro de 5,140 casos, equivalente al 17% de la cifra total. La diferencia se detectó al comparar la Estadística de Defunciones Registradas (EDR) con los datos de carpetas de investigación que maneja el secretariado, generando dudas sobre la exactitud de los indicadores de violencia en México.
El hallazgo fue señalado por la presidenta del Gobierno de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció la creación de una mesa de trabajo entre el SESNSP y el Inegi para esclarecer la brecha. Sheinbaum explicó que los datos del secretariado provienen de los reportes diarios de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, mientras que el Inegi se basa en certificados médicos y actas de defunción. Ambas fuentes deberían converger, pues todo homicidio certificado debería originar una carpeta de investigación.
El demógrafo de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, subrayó que nunca se había observado una discrepancia tan alta: en 2019 la diferencia era de 2.6% y en 2024 de casi 8%. La variación del 17% en 2025 no solo distorsiona la percepción de una reducción del 22% en la tasa nacional según el SESNSP (18.3 por 100 mil habitantes), sino que también afecta la tasa oficial del Inegi (22.1 por 100 mil), que muestra una caída menor del 13%.
El análisis de Hernández Bringas revela que la brecha no es homogénea en todo el país. Estados como Zacatecas, Quintana Roo, San Luis Potosí y el Estado de México presentan subregistros superiores al 40%, mientras que en Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca la diferencia es mínima o incluso inversa. Diez entidades concentran el 85% de los casos no registrados por el SESNSP, entre ellos el Estado de México (1,038 homicidios adicionales) y Guanajuato (775).
Una de las hipótesis más frecuentes es la reclasificación de homicidios a otras categorías, como homicidios culposos, suicidios o “otros delitos contra la vida”, práctica que podría estar incentivada por presiones locales o políticas. Organizaciones como México Evalúa ya señalan que esta reetiquetación dificulta la detección de la violencia real y genera desconfianza en la población.
El Gobierno federal mantendrá la revisión estado por estado y promete publicar los resultados de la mesa de trabajo. Mientras tanto, expertos advierten que la falta de datos precisos compromete la formulación de políticas públicas efectivas y la evaluación real de los avances en seguridad en México.
Fuente: Eluniversal