La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó este viernes un nuevo boletín que eleva a 321 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. El sismo, uno de los más fuertes en la historia reciente de Colombia, dejó una devastadora lista de daños que sigue creciendo a medida que se intensifican los trabajos de rescate y evaluación. Las autoridades confirmaron también 4,595 heridos y 257 personas desaparecidas, mientras que 364 fueron rescatadas con vida en los últimos días de labores de emergencia.
En total, el desastre ha impactado a 284,185 personas, cifra que incluye a quienes perdieron sus hogares, a trabajadores de la salud y a estudiantes cuya rutina quedó interrumpida. Según el informe, 163,884 viviendas resultaron dañadas, de las cuales 31,445 fueron destruidas por completo, y 467 edificios colapsaron, dejando a cientos de familias sin techo ni pertenencias. El sector educativo también sufrió fuertes impactos: 3,579 centros escolares fueron declarados inseguros o inutilizables, obligando a reubicar a miles de estudiantes.
Los servicios básicos no fueron la excepción. La UNGRD señaló que 351 centros de salud tuvieron que cerrar temporalmente o operar con capacidad reducida, lo que complica la atención de los heridos. Además, 111 acueductos y 69 puentes vehiculares fueron dañados, afectando la movilidad y el suministro de agua en varias regiones. Otros 435 vías y 14 puentes peatonales también requieren reparaciones urgentes, mientras que cinco aeropuertos del país reportaron daños que limitan los vuelos de ayuda humanitaria.
El gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro, ha declarado estado de emergencia y destina recursos adicionales para la reconstrucción. Se activaron fondos del Plan Nacional de Desarrollo y se solicitaron apoyos internacionales para acelerar la asistencia técnica y financiera. Mientras tanto, la Cruz Roja y otras ONG continúan distribuyendo alimentos, agua y refugio a los damnificados.
Expertos en gestión de riesgos advierten que la zona sísmica del país necesita una revisión profunda de sus normas de construcción. El sismo de agosto puso en evidencia la vulnerabilidad de muchas edificaciones, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos, donde la normativa suele ser menos estricta. Se espera que el Congreso evalúe reformas legislativas para reforzar la resistencia estructural y evitar tragedias similares.
A medida que avanza la fase de recuperación, la población afectada espera respuestas rápidas y efectivas. Las autoridades locales han iniciado programas de vivienda temporal y planes de reconstrucción que podrían tardar varios años. Sin embargo, la solidaridad nacional y la cooperación internacional son elementos clave para superar esta crisis y devolver la normalidad a las comunidades golpeadas por el temblor.
Fuente: RT Español