La Secretaría de la Función Pública y Buen Gobierno abrió una investigación contra Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., la compañía que suministró los monederos electrónicos entregados a los 254 diputados federales de Morena. Según el reporte de El Universal del 3 de noviembre, cada legislador recibió tres tarjetas con un valor de 10 mil pesos, lo que ha despertado sospechas sobre la procedencia de los recursos y la legalidad de los contratos adjudicados. La indagación apunta a la posible obtención de contratos con conflicto de intereses, pagos en exceso y adeudos millonarios con 39 dependencias del gobierno federal.
Broxel también tiene contratos con la Cámara de Diputados para la distribución de vales de despensa a empleados de base y confianza. A pesar de múltiples denuncias y auditorías, la empresa siguió ganando adjudicaciones, entre ellas una megacompra de vales electrónicos que involucró a más de 150 entes públicos y que alcanzó hasta 9,751 millones de pesos en 2025. La Secretaría de la Función Pública señaló que el representante legal, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, lo que constituye un claro vínculo familiar en la cadena de contratación.
Los registros públicos revelan que en 2025 Broxel obtuvo contratos por más de 10 mil millones de pesos con la administración federal y 3,591 millones con la Ciudad de México. Al revisar dichos convenios, la auditoría detectó pagos en exceso que ascendieron a 29.4 millones de pesos, los cuales aún no han sido devueltos a 39 dependencias. Ante la presión financiera, Broxel solicitó un crédito de 4,200 millones de pesos a Bancomext, pero la solicitud fue rechazada por la unidad de Prevención de la Corrupción tras evidenciar riesgos de inhabilitación.
El documento emitido el 10 de noviembre por la Secretaría de la Función Pública advierte que, de concluir la investigación con sanciones, Broxel podría ser vetada para futuros contratos públicos. La posible imposición de multas, inhabilitación y la inclusión en el padrón de proveedores excluidos se traduciría en la pérdida de una fuente de ingresos que representaba entre 6,928 y 9,751 millones de pesos en 2025. La falta de garantía para el pago de sus obligaciones incrementa el riesgo financiero tanto para la empresa como para la banca de desarrollo.
Expertos en transparencia, como la excomisionada del INAI Norma Julieta del Río, alertan sobre la existencia de una red de influencias similar a la detectada en el Instituto Nacional Electoral. Señalan que la coincidencia de contratos con múltiples dependencias y la relación familiar con un alto funcionario de la SHCP sugiere tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones, conductas tipificadas en el Código Federal.
El caso Broxel pone de relieve la importancia del periodismo de investigación para destapar posibles actos de corrupción que podrían haber permanecido ocultos. Mientras se esperan los resultados definitivos de la investigación, la sociedad y los órganos de control siguen atentos a la posible sanción de los funcionarios involucrados y a la exclusión de la empresa del sistema de contratación pública, con el objetivo de salvaguardar los recursos del erario nacional.
Fuente: Eluniversal