En la sede del Poder Judicial de la Federación en Durango, un grupo de empleados del sector judicial protagonizó una fuerte protesta contra Néstor Vargas, presidente del Órgano de la Administración Judicial (OAJ). Los manifestantes ingresaron al recinto donde se encontraba Vargas y, tras una serie de intercambios verbales, comenzaron a bloquear la salida del funcionario, obligándolo a permanecer en el lugar. En los videos difundidos en redes sociales se observan jaloneos, empujones y caídas al suelo tanto de Vargas como de algunos empleados, mientras los manifestantes alzaban consignas como “Que nos escuche” y “Respeten nuestros derechos”.
Los trabajadores explicaron que su reclamo principal radica en la falta de consulta previa respecto a las nuevas evaluaciones de desempeño que la autoridad judicial está implementando. Según ellos, dichas evaluaciones se aplican sin considerar la opinión del personal y sin establecer un diálogo abierto, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral. La exigencia de una reunión con el presidente del OAJ fue reiterada, buscando un espacio para negociar los lineamientos que regirán la permanencia de los servidores judiciales.
Testigos presenciales relataron que, antes de la confrontación, Vargas intentó abandonar el área, pero fue detenido por los trabajadores que bloquearon la puerta principal. En el transcurso del enfrentamiento, varios participantes cayeron al suelo, aunque no se reportaron lesiones graves. Los manifestantes mantuvieron el tono enérgico, señalando que la falta de diálogo es una violación a sus derechos laborales y que, por tanto, no respetan las medidas impuestas sin su participación.
La protesta se inscribe en un contexto más amplio de descontento dentro del Poder Judicial de la Federación, donde recientes reformas buscan modernizar la gestión y evaluación del personal. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de participación y la percepción de imposición han generado resistencia entre los empleados, que temen que las nuevas evaluaciones puedan derivar en despidos o sanciones arbitrarias.
Autoridades del OAJ, por su parte, han señalado que la evaluación del desempeño es un paso necesario para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio judicial. No obstante, la falta de canales de comunicación efectivos ha dificultado la aceptación de estas medidas por parte del personal, lo que se refleja en episodios como el ocurrido en Durango.
Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para la reunión solicitada por los trabajadores, y la situación permanece en tensión. Observadores políticos y sindicales llaman a ambas partes a retomar el diálogo para evitar mayores conflictos y garantizar la estabilidad del sistema judicial, cuyo buen funcionamiento es crucial para la ciudadanía.
Esta confrontación subraya la necesidad de establecer procesos de consulta y participación que incluyan a los servidores judiciales en la toma de decisiones que afectan sus condiciones laborales, evitando así episodios de violencia y asegurando la confianza en las instituciones.
Fuente: Eluniversal